MADRID, 27 de enero.

El Gobierno español ha dado inicio al proceso para regularizar de manera extraordinaria a más de 500,000 migrantes mediante un nuevo Real Decreto, fruto de un acuerdo entre los partidos en el poder, PSOE y Podemos. Esta decisión ha sido aclamada por diversas organizaciones sociales, quienes la consideran un avance hacia la justicia social.

Desde la organización Accem, defienden que esta regularización representa un paso significativo hacia la igualdad de derechos y el acceso a servicios para todos los residentes en el país. "Estamos hablando de personas que ya están integradas en nuestra sociedad y que merecen la oportunidad de mejorar su situación, saliendo de la vulnerabilidad y el riesgo de violación de derechos", comentan sus representantes.

Además, estos grupos subrayan el impacto beneficioso que podría tener la regularización en la sociedad en su conjunto, al permitir que muchos individuos salgan de la economía informal. "Esta medida promoverá una mayor cotización a la Seguridad Social, fortaleciendo así nuestra economía nacional", agregan.

A la espera de más información sobre el proceso a seguir, Accem espera que la regularización se implemente de manera efectiva y rápida, ofreciendo respuestas concretas a quienes se verán afectados por esta normativa.

Por su parte, Mónica López, directora general de CEAR, ha hecho un llamado a crear mecanismos permanentes que eviten la irregularidad prolongada de los migrantes, sugiriendo que deberían poder trabajar y desarrollarse como cualquier otro ciudadano desde su llegada a España.

Según López, no solo beneficiará a los migrantes, sino que también aportará valor a la población local, facilitando una integración más completa. "Es crucial que todos puedan contribuir y vivir en armonía dentro de nuestra sociedad", concluye.

El director general de CEAR, Mauricio Valiente, ha valorado la decisión del Ejecutivo de forma positiva, aunque ha indicado que esperan conocer los detalles sobre los requisitos y la tramitación de la regularización para que sea un proceso eficiente y rápido para los beneficiarios.

"Es un acto de justicia que quienes están aportando al progreso del país reciban una pronta respuesta a sus solicitudes. La normativa ordinaria debería establecer un mecanismo permanente que se ajuste a la realidad actual", señala Valiente.

Por otro lado, Save the Children destaca que esta medida es un paso importante para proteger a la infancia, argumentando que la regularización garantiza más estabilidad y derechos para los niños y sus familias.

En una línea similar, UNICEF España opina que el nuevo proceso favorecerá la integración social de numerosos niños en situación vulnerable, ayudando a prevenir su marginación y exclusión.

Sara Collantes, especialista en migraciones de UNICEF, señala que la irregularidad impide a las familias acceder a servicios básicos, como empleo, protección social y atención médica. Esto impacta de manera negativa en la vida de los niños, que viven con la constante preocupación de ser deportados a pesar de llevar tiempo en España.

UNICEF también menciona que el Comité de Derechos del Niño de la ONU ha instado a los países a facilitar la regularización de migrantes que residen con sus hijos, una situación que afecta, según estimaciones de 2019, a alrededor de 147,000 menores en España.

La Plataforma del Tercer Sector, que representa cerca de 28,000 entidades, ha acogido con agrado la decisión del Gobierno, resaltando la importancia de fortalecer la cohesión social y el papel activo de la sociedad civil organizada.

Luciano Poyato, presidente de la plataforma, considera que esta medida es un avance crucial en el reconocimiento de los derechos de miles de personas que hasta ahora vivían en situación de vulnerabilidad jurídica y social.

Asimismo, diversas organizaciones, como REDES, CONFER y Cáritas, han aplaudido la regularización extraordinaria, considerándola un acto de justicia social que reconoce el esfuerzo de quienes contribuyen al país a pesar de su situación irregular.

Destacan que esta regularización es un paso necesario hacia una sociedad más inclusiva, donde se evite la invisibilidad y la exclusión de ciertos colectivos en riesgo.

En opinión de los grupos eclesiales, esta medida complementa el Reglamento de Extranjería, ofreciendo una solución para quienes no pueden acogerse a las vías ordinarias de regularización.

Sin embargo, advierten que el actual reglamento, en vigor desde mayo de 2025, deja fuera a numerosos grupos vulnerables, como aquellos que no pueden demostrar sus años de residencia por circunstancias ajenas, así como personas indocumentadas o con dificultades de empleabilidad.

Finalmente, señalan que la lentitud administrativa también ha afectado a quienes, a pesar de poder trabajar, no logran formalizar su situación laboral, así como a quienes han visto denegada su protección internacional y quedan atrapados en la irregularidad. Esta situación también afecta a familias con niños en riesgo de no ser regularizados, aun cumpliendo los requisitos necesarios.