En Madrid, el 22 de octubre, organizaciones como UNICEF y Save the Children han realizado un llamado urgente dentro del Congreso para fortalecer la protección de los niños en el ámbito digital y pedir mayor responsabilidad a las plataformas en línea.

Durante su intervención en la comisión de Justicia, ambas entidades expusieron sus recomendaciones respecto al proyecto de ley que busca salvaguardar los derechos de los menores en el entorno digital, actualmente en proceso legislativo en el Parlamento español.

Ignacio Guadix, representante de UNICEF España en temas de educación y derechos digitales para la infancia, destacó tres áreas críticas: el impacto negativo en la salud emocional de los niños que utilizan tecnología de manera excesiva o a una edad temprana, las violencias que se producen en el ámbito digital, y la exposición a la desinformación que enfrentan los menores.

Guadix argumentó que existen dos enfoques frente a esta situación: uno basado en el miedo, que desemboca en prohibiciones y alarmas infundadas, y otro que es proactivo y busca establecer directrices claras sobre un entorno digital más seguro y beneficioso.

Para abordar estos desafíos, Guadix delineó cuatro pilares que deben guiar las políticas públicas: acceso a la tecnología, protección efectiva, educación integral, y la inclusión del derecho de participación de los menores.

Según él, la esfera digital debe ser vista como una oportunidad para expandir los derechos y libertades de la ciudadanía, afirmando que excluir a los menores de ese espacio es limitar su acceso a la educación.

Desde Save the Children, su directora de influencia y desarrollo territorial, Catalina Perazzo, subrayó la importancia de un enfoque centrado en los derechos de la infancia en la legislación, haciendo especial énfasis en la necesidad de alinear las leyes nacionales con la Observación General nº 25 del Comité de Derechos del Niño, que aboga por proteger todos los derechos de los menores en el entorno digital.

Además, Perazzo instó a reforzar la responsabilidad de las plataformas digitales, sugiriendo que la legislación incluya el principio de diligencia en cuanto a contenidos que puedan contribuir a la explotación o abuso sexual de menores.

En este contexto, propuso que se implemente un sistema de rendición de cuentas algorítmica, junto con evaluaciones de impacto sobre la identidad de los menores y restricciones a la publicidad dirigida hacia ellos.

Perazzo también expresó que, aunque la autorregulación y los códigos de conducta son un paso necesario, no son suficientes. Insistió en que deben ser evaluables y que las plataformas deben comprometerse a su autorregulación con supervisión periódica por parte de una autoridad competente y que los resultados sean transparentes al público.

En el ámbito penal, sugirió que el término "pornografía infantil" sea reemplazado por "material de abuso sexual de menores" para alinearse mejor con los estándares internacionales y reconocer la naturaleza real de los abusos reflejados en esas imágenes.

Asimismo, planteó la necesidad de ampliar la definición de "simulación realista" a fin de incluir contenidos generados por inteligencia artificial o animaciones que representen a menores en situaciones sexuales, anticipando así el uso de tecnologías que puedan crear imágenes falsas pero plausibles.

Save the Children también propuso la creación de una Comisión Interministerial para la Protección de la Infancia en Entornos Digitales, que tendría la responsabilidad de coordinar y evaluar las políticas y adaptarlas a los riesgos emergentes en la tecnología.

Por último, Perazzo hizo hincapié en la necesidad de robustecer la educación digital, el apoyo familiar, y la formación afectivo-sexual en todos los niveles educativos, para fomentar una ciudadanía digital responsable entre los jóvenes.

Entre los representantes de los grupos parlamentarios, Milena Herrera del Partido Socialista reflexionó sobre la elaboración de la ley, subrayando que ha sido sistema con base en numerosos informes de entidades especializadas, y que ahora corresponde a los legisladores trabajar en mejoras.

Fernando de la Rosa del PP coincidió con Guadix al mencionar la facilidad de acceso a contenidos inapropiados, tales como pornografía y violencia, advirtiendo sobre los riesgos que esto conlleva para la salud mental de los menores.

Desde Sumar, Nahuel González abogó por que los padres controlen los entornos digitales, pero destacando la necesidad de contar con herramientas legislativas que eviten que los algoritmos perjudiquen a los menores y que implementen controles más eficaces.

Por su parte, Blanca Armario de Vox defendió que la protección de los hijos recae en los padres, quienes deben tener el derecho a decidir lo que consideran apropiado para ellos.