Navarra, 15 de septiembre. La reciente evaluación llevada a cabo por la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción ha revelado ciertas irregularidades en los procedimientos administrativos relacionados con algunas adjudicaciones del Gobierno foral. Esta investigación se desencadenó tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil vinculado al controvertido 'caso Cerdán'.

Félix Taberna, vicepresidente primero del Gobierno de Navarra y responsable del área de Presidencia e Igualdad, ofreció detalles sobre este tema en una rueda de prensa celebrada hoy, justo cuando finalizaba el plazo estipulado para que el Ejecutivo foral enviara al Parlamento la información requerida por la comisión de investigación.

La Oficina Anticorrupción se ha centrado en el análisis de adjudicaciones relacionadas con dos proyectos específicos: la construcción de viviendas de protección oficial (VPO), el nuevo colegio de Arbizu y la obra de duplicación de los túneles de Belate. Cabe mencionar que no se incluyeron en el informe las adjudicaciones de la reforma del Archivo y del Jardín del Palacio de Navarra, ya que la directora de la Oficina Anticorrupción había ocupado un cargo clave en el Gobierno durante el proceso de adjudicación, optando así por no participar en dicha evaluación. Esta situación es relevante, dado que algunas de las empresas implicadas en estos proyectos están mencionadas en el informe de la UCO, a pesar de que no aparecen en la investigación de la Guardia Civil.

Aunque Taberna no compartió pormenores específicos sobre el contenido de los informes, señaló que aún no se habían presentado al Parlamento. Aclaró que los hallazgos de la Oficina se enmarcan dentro del ámbito administrativo, manifestando que no se habían identificado responsabilidades adicionales, conflictos de intereses entre los miembros del comité de contratación o un efecto económico adverso para la Hacienda foral.

Sin embargo, el vicepresidente destacó que la Oficina Anticorrupción había planteado ciertas "cuestionamientos" y "irregularidades" en el proceso administrativo que se están preparando para un análisis más exhaustivo. “Lo que se ha encontrado está relacionado con cuestiones de procedimiento administrativo. En términos generales, se ha evaluado que hay elementos que no fueron gestionados adecuadamente”, declaró Taberna sin entrar en más detalles.

En lo relativo a los túneles de Belate, el vicepresidente indicó que existe una divergencia en los resultados entre la Cámara de Comptos y la Oficina Anticorrupción. Mientras que la primera no encontró responsabilidades contables ni de otro tipo en su análisis legal, la Oficina ha identificado ciertos aspectos cuestionables que requieren una revisión adicional.

Taberna concluyó su intervención señalando que el proceso de revisión administrativa y jurídica sigue en marcha. Aunque no se contempla un apartado de alegaciones en los informes de la Oficina Anticorrupción, el Gobierno tiene la intención de presentar algunas observaciones para considerar la posibilidad de que se realice una revisión “de oficio” por parte de la entidad.