La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha solicitado una revisión del sistema de etiquetas de la DGT, argumentando que se deben tener en cuenta las emisiones reales de los vehículos, no solo el tipo de motor, al regular el acceso y estacionamiento en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), como la de Bilbao.

Según un estudio reciente de la OCU, se ha descubierto que los coches más vendidos con motor de combustión y etiqueta C emiten una cantidad de CO2 durante su vida útil similar o incluso menor que muchos vehículos Mild Hybrid y algunos híbridos más grandes y potentes, con etiquetas Eco o Cero emisiones que les permiten acceder a las ZBE.

En un comunicado, la OCU ha destacado la importancia de reducir la contaminación en las ciudades para mejorar la calidad de vida, y ha recordado que las Zonas de Bajas Emisiones se han establecido para limitar la circulación en ciertas áreas de los municipios con el fin de mejorar la calidad del aire.

Según la normativa, los municipios con más de 50.000 habitantes deben implementar zonas ZBE que establezcan restricciones a la circulación, generalmente en las zonas centrales de la ciudad.

En el caso de Bilbao, después de tres meses de moratoria, desde el 16 de septiembre se pueden aplicar multas de hasta 200 euros a los vehículos que ingresen a la ZBE sin permiso entre las 07.00 y las 20.00 horas de los días laborables.

La OCU ha expresado su preocupación por el retraso en las ayudas del Plan Moves III, que podrían ascender hasta 7.000 euros si se entrega un vehículo para ser desechado, lo cual está desincentivando la compra de coches menos contaminantes. Por ello, han instado al Gobierno a acelerar la entrega de estas ayudas al momento de la compra del vehículo.

Asimismo, la OCU ha destacado la importancia de impulsar medidas que fomenten el uso de medios de transporte alternativos, como la construcción de aparcamientos disuasorios en los límites de las ZBE, conectados con el centro mediante transporte público y de manera gratuita.

También han enfatizado la necesidad de mejorar el transporte público, aumentando su capacidad y frecuencia, y complementándolo con una extensa red de carriles bici protegidos y conectados entre sí para promover la intermodalidad y peatonalización en las zonas urbanas.