Madrid, 12 de diciembre. En un escenario donde se evalúan ajustes a los objetivos de emisiones para 2035, las organizaciones Aedive, dedicada al fomento de la movilidad eléctrica, y AORU, que representa a los operadores de recarga ultrarrápida, han expresado su apoyo a la carta del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dirigida a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

Las dos entidades han emitido un comunicado conjunto en el que destacan su alineación con las ideas planteadas en la misiva. Resaltan la importancia de mantener la ambición en los objetivos de emisiones de CO2 para turismos y furgonetas, además de instar a la creación de un reglamento europeo que considere un enfoque “ambicioso” para las flotas corporativas, subrayando la necesidad de establecer requisitos mínimos de electrificación como motor para facilitar la transición hacia vehículos más sostenibles.

Ambas asociaciones critican la propuesta de la Comisión Europea de modificar los objetivos previamente consensuados para 2035, considerando que esto sería una falta de coherencia y una oportunidad perdida para aumentar la presencia de vehículos eléctricos en un ámbito fundamental, como son las flotas corporativas. Estas flotas son una parte significativa de las matriculaciones en Europa y un sector crucial para el mercado de vehículos de segunda mano dentro de la Unión Europea.

Asimismo, instan a que se mantengan los combustibles alternativos, especialmente en aquellos sectores donde la electrificación es complicada, al mismo tiempo que promueven la batería eléctrica como la opción preferida frente a alternativas híbridas, que consideran inadecuadas para alcanzar los objetivos de emisiones establecidos.

Por último, destacan la urgencia de avanzar en la instalación de infraestructuras de recarga ultrarrápida, que consideran esenciales para fomentar la confianza en la electrificación en Europa y alcanzar los objetivos climáticos estipulados. Laura Gonçalves, presidenta de AORU, y Adriano Mones, presidente de Aedive, concluyen que para lograr una Europa más limpia y competitiva, es crucial adoptar políticas públicas que mantengan una visión de futuro y preserven la seguridad jurídica de las nuevas industrias con alto potencial de valor.