En un reciente desarrollo que ha tomado por sorpresa a muchos, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha decidido elevar una denuncia ante la Comisión Europea señalando que las tasas de recogida de basuras impuestas por varios ayuntamientos en España podrían estar en violación de la normativa comunitaria sobre residuos.

La OCU exige una revisión exhaustiva para determinar si la manera en que cada municipio ha implementado las normativas se ajusta a lo estipulado por la directiva europea. En caso de que se confirme un incumplimiento, la organización solicita a la Comisión que active el protocolo necesario para garantizar que se adquiera el cumplimiento deseado.

En su argumentación, la OCU destaca que la directiva europea en cuestión promueve el principio de "quien contamina, paga", un eje central que debería motivar una adecuada gestión de todos los tipos de residuos. La organización recuerda que esta normativa fue incorporada en el país a través de la Ley 7/2022, que impone a los municipios con más de 5.000 habitantes la responsabilidad de establecer tasas que reflejen los costos reales de gestión de residuos.

No obstante, la OCU ha señalado que poner en práctica esta normativa ha sido irregular en varios municipios españoles. Nombres como Badajoz, Ciudad Real, y Madrid, entre otros, adoptan tarifas fijas que no permiten reflejar los costos reales del servicio, lo que infringe el principio mencionado, destacando que esta situación es injusta para los ciudadanos.

Particularmente, en Madrid, la OCU ha subrayado que la tasa de basuras se calcula basándose en un componente fijo relacionado con el valor catastral de las propiedades. Según la organización, esto puede resultar en una forma de discriminación y, además, se aleja del costo real que debería tener dicho servicio.

La metodología empleada para calcular la tasa combina varios criterios, entre ellos la cantidad de residuos generados en cada barrio y la eficacia en la separación de estos. Este sistema ha llevado a la OCU a alertar sobre diferencias significativas entre los vecinos, ya que se mezclan residuos de origen residencial con aquellos provenientes de comercios o viviendas turísticas, provocando efectos desiguales y perjudiciales para algunos contribuyentes.

Por otro lado, se ha hecho público que los ciudadanos que no estén en conformidad con el importe de la tasa de basuras tienen un plazo de un mes para presentar sus impugnaciones. Los recursos deben ser dirigidos al Ayuntamiento, ya sea a su Agencia Tributaria o al Tribunal Económico-Administrativo local.