La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado las trabas impuestas por las distribuidoras y la administración al autoconsumo fotovoltaico. Además, ha exigido que se agilicen los trámites legales, tal y como lo establece la Directiva europea de energías renovables.

De acuerdo con los datos proporcionados por la OCU, el 19% de la energía generada por las instalaciones de autoconsumo se está perdiendo debido a los retrasos en su legalización. Esto equivale al 0,4% de la demanda eléctrica nacional en su conjunto.

A pesar de que la potencia generada por las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en España se ha duplicado en 2022, alcanzando los 5.249 MW, la organización considera que persisten importantes obstáculos para su implementación.

Específicamente, la OCU señala los retrasos en la legalización como el principal responsable, ya que esto solo "afecta la amortización de las instalaciones y desalienta la inversión".

La organización también critica la falta de agilidad por parte de las consejerías de las comunidades autónomas para tramitar las autorizaciones, incumpliendo así lo establecido por la Directiva Europea de energías renovables.

En cuanto a las prácticas desfavorables de las distribuidoras de electricidad, la OCU destaca la dificultad de formalizar contratos individuales, la prohibición de que un consumidor esté asociado a más de un autoconsumo y la obligación de que el titular realice modificaciones en las instalaciones de enlace o en la red.

En resumen, la OCU insta a poner fin al "despilfarro energético masivo" que representa el retraso en la conexión de las instalaciones a la red eléctrica. Para lograrlo, exige a las administraciones implicadas establecer un procedimiento común y sencillo, así como garantizar suficiente personal para agilizar los trámites. Además, demanda a las distribuidoras que cesen automáticamente las prácticas ilegales y asuman los cambios técnicos correspondientes; de lo contrario, deberán enfrentar sanciones ejemplares por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).