En Madrid, el 28 de enero, el Observatorio para la Libertad Religiosa (OLRC) ha declarado que el Gobierno está engañando a la ciudadanía al afirmar la superioridad del modelo español de protección penal de la libertad religiosa en comparación con otros países de la Unión Europea. La presidenta del OLRC, María García, subrayó que 21 de los 27 estados miembros de la UE cuentan con leyes que protegen los sentimientos religiosos, y algunos de ellos aplican penas incluso más severas que las existentes en España.

García argumentó que las declaraciones del Ejecutivo son totalmente falaces, especialmente en el contexto de la reciente defensa de la derogación del artículo 525 del Código Penal, que tipifica como delito las ofensas a los sentimientos religiosos. Según García, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, está promoviendo una reforma que el Gobierno presenta como una mejora, pero que en realidad disminuye la protección de la libertad religiosa en el país.

En respuesta a una pregunta parlamentaria, el Gobierno insistió en que "las ideas o creencias no son titulares de derechos fundamentales" y aseguró que el modelo español de protección es "homologable" al de otras naciones europeas, incluso más robusto en ciertos aspectos. Esta afirmación ha sido rechazada de manera contundente por el OLRC, que ha destacado que, en comparación, muchos países de la UE tienen legislaciones más estrictas en este ámbito.

García resaltó un hecho significativo: "De los 27 estados miembros de la Unión Europea, solo seis no penalizan ofensas a los sentimientos religiosos". Además, mencionó que once de esos países aplican sanciones más severas que las que se manejan en España, lo que pone en tela de juicio las afirmaciones del Gobierno sobre su modelo de protección.

Por otro lado, la presidenta del OLRC criticó al Ejecutivo por intentar "imponer una religión de Estado laicista", citando como ejemplo el reciente homenaje estatal a las víctimas del trágico accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba. García enfatizó que estas ceremonias laicas fueron poco respetuosas con las convicciones de las familias afectadas, que se mostraron contrarias a este enfoque por sus creencias personales.

Finalmente, la presidenta del OLRC expresó su agradecimiento hacia aquellos políticos que defienden la libertad religiosa en el ámbito parlamentario, haciendo alusión particular al diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Alberto Catalán. Este parlamentario fue quien planteó al Gobierno preguntas relevantes sobre las medidas que se están tomando para asegurar que los discursos políticos no inciten a la radicalización ni a ataques contra la libertad religiosa.