Moreno propone el español como condición para residir en España y advierte sobre subsidios que atraen inmigrantes.
SEVILLA, 29 de septiembre. El líder de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, del Partido Popular, ha planteado la posibilidad de que el dominio del idioma español sea un criterio para acceder al permiso de residencia en España. En su declaración, advirtió sobre las consecuencias del “efecto llamada” que podrían provocar algunos subsidios ofrecidos a los inmigrantes que llegan al país.
Estas manifestaciones surgieron durante una entrevista en Onda Cero, como parte de la cobertura realizada por Europa Press. Este comentario se produjo justo después de una reunión del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en Murcia, donde abordó la idea de un sistema de visado basado en puntuaciones, priorizando la entrada de quienes estén más familiarizados con la cultura española.
Consultado sobre este modelo, Moreno indicó que está siguiendo ejemplos exitosos aplicados en naciones como Australia y Canadá, donde se fomenta una migración ordenada y con objetivos claros, que respete los principios constitucionales y las libertades de España.
El presidente andaluz destacó que planea desarrollar esta propuesta durante octubre, con el fin de ajustarla meticulosamente, y subrayó que actualmente existe una inmigración en España que considera “descontrolada”. Esto ha llevado a un creciente malestar en la sociedad, que ve la migración como un desafío, un fenómeno que se está replicando en toda Europa.
Moreno también ha querido marcar una diferencia entre el PP y Vox, afirmando que el primero apoya una migración regulada, mientras que Vox se opone a cualquier tipo de inmigración. El presidente aboga por establecer un orden en esta cuestión y aprender de los modelos de éxito en el ámbito internacional, reconociendo que el Gobierno español ha fallado en aspectos como los controles fronterizos y las devoluciones de inmigrantes.
El dirigente regional ha subrayado la necesidad de la inmigración para paliar el saldo negativo de natalidad en España, destacando sectores como la construcción, el transporte y la agricultura, que enfrentan una escasez de mano de obra. Además, enfatizó la importancia de ayudar a la integración de los inmigrantes, definiendo este proceso como la aceptación de los valores constitucionales del país receptor.
Moreno insistió en que es esencial que los inmigrantes conozcan tanto el idioma como los valores de la nación. Argumentó que la falta de comprensión del idioma dificulta la integración social y la capacidad laboral. De hecho, consideró que el manejo del idioma es fundamental para evitar conflictos sociales, políticos e institucionales, y al ser preguntado sobre si el idioma debería ser un requisito para la residencia, reconoció que “podría serlo” y que se evaluará en el marco de la propuesta de visado por puntos.
El presidente también refirió a datos de la Agencia Tributaria, revelando que aproximadamente 552.000 extranjeros reciben subsidios en España sin haber trabajado, de los cuales 120.000 perciben el Ingreso Mínimo Vital sin haber contribuido. Afirmó que esto podría actuar como un “efecto llamada”, ya que muchas personas obtienen estos subsidios simplemente por registrarse en el padrón municipal.
Moreno agregó que el empadronamiento conlleva derechos sociales que generan costos económicos. Si estos derechos no se distribuyen adecuadamente, se crea malestar entre las clases más vulnerables, lo que podría llevar a un respaldo a partidos populistas o extremistas. “Debemos ordenar esta situación para combatir la creciente xenofobia en nuestro país y en Occidente”, afirmó.
No obstante, el presidente andaluz subrayó que no se debe estigmatizar a los inmigrantes, como hace Vox, ya que España tiene una necesidad de inmigrantes que contribuyan a su desarrollo. Según Moreno, una inmigración bien gestionada constituye una oportunidad de crecimiento, mientras que una mala gestión puede acarrear división y problemas en el futuro.
Finalmente, el líder andaluz resaltó que Andalucía es una comunidad solidaria y acostumbrada a la emigración. Sin embargo, se enfrenta al dilema de construir nuevos centros para menores no acompañados, enfrentando una fuerte oposición tanto de la ciudadanía como de las fuerzas políticas locales.
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