En un reciente desarrollo en el ámbito de la conservación, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha comenzado a explorar diversas iniciativas para asegurar la protección del lobo en España. Esta revisión se produce en el marco de la Ley de Desperdicio Alimentario, que excluyó a las poblaciones de lobos ubicadas al norte del río Duero del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE).

Dentro de esta evaluación, el ministerio está considerando la "posible aplicación" de una partida financiera de 20 millones de euros anuales, asignada a las comunidades autónomas para el período 2022-2024. Estos fondos están destinados a implementar medidas de protección para el ganado y a ofrecer compensaciones por daños causados por los lobos, lo que indica un cambio en la estrategia de gestión de esta especie tradicionalmente controvertida.

Las declaraciones surgen como respuesta a un conjunto de preguntas presentadas por el grupo político Sumar, liderado por Yolanda Díaz, quienes urgieron al MITECO a aclarar qué acciones están planeadas para salvaguardar al lobo y otros asuntos relacionados. A pesar de los esfuerzos de Sumar para establecer un diálogo, el ministerio ha admitido que aún no dispone de plazos concretos para implementar medidas que repliquen la protección previa que el lobo disfrutaba bajo la legislación LESPRE.

El comunicado oficial también señala que el ministerio no tiene conocimiento de ningún plan autonómico para la protección del lobo o para su coexistencia con la ganadería que haya sido aprobado en las comunidades afectadas. Lo único que MITECO ha reconocido son los sistemas de gestión y control que existían antes de la enmienda legislativa que afectó a las manadas al norte del Duero.

Las preguntas formuladas por los diputados de Sumar, incluidos Juan Antonio Valero Morales, Júlia Boada Danés y Águeda Mico Mico, se han centrado en la urgencia de conocer los plazos en los que el ministerio estima iniciar las medidas de rescate del lobo. Asimismo, han indagado sobre el avance de los planes de protección y convivencia de esta especie con la ganadería en las regiones donde las manadas existen, así como las posibles pérdidas económicas que las comunidades autónomas podrían enfrentar por la modificación de la normativa protectora.