La asociación judicial Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha realizado una petición al Ministerio del Interior para que se garantice la protección internacional y los Derechos Humanos de las personas saharauis retenidas en el aeropuerto Adolfo Suarez - Madrid Barajas.

En su comunicado, JJpD hace hincapié en la importancia de cumplir con la legalidad vigente y el principio de no devolución, además de adoptar un enfoque de protección de los Derechos Humanos, género e infancia en las resoluciones del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska.

La asociación destaca que en el aeropuerto madrileño se encuentran 35 solicitantes de asilo con documentos que los avalan, según el censo realizado por la Misión de la ONU para el Sahara Occidental (MINURSO).

Estas personas han denunciado condiciones precarias, como hacinamiento, falta de higiene y asistencia médica insuficiente, lo que ha llevado a 12 de ellos a iniciar una huelga de hambre.

Se han pronunciado diversas instituciones, como el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid, CEAR, Cruz Roja y el Defensor del Pueblo, pidiendo mejorar las condiciones de los retenidos en el aeropuerto y garantizar sus derechos básicos.

Además, se ha solicitado que se respete el derecho a una interpretación en el idioma propio de los saharauis, el hasanía, en lugar del dariya.

La asociación recuerda que España ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por vulnerar los derechos a la tutela judicial efectiva y a no ser sometidos a tratos inhumanos o degradantes, en relación con saharauis solicitantes de asilo en el país.

JJpD destaca la importancia de examinar de manera individual los temores de los solicitantes de asilo, manteniéndolos en España hasta que se hayan evaluado adecuadamente todas las circunstancias, administrativas y jurisdiccionales.

Actualmente, se están denegando solicitudes de protección internacional, a pesar del criterio favorable del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), quien juega un papel esencial en el procedimiento de asilo según la Ley 12/2009.