Crónica España.

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Más Madrid pide a Hacienda investigar posibles beneficios de reformas durante la gestión de Montoro.

Más Madrid pide a Hacienda investigar posibles beneficios de reformas durante la gestión de Montoro.

En un reciente giro de los acontecimientos políticos en España, el partido Más Madrid ha solicitado formalmente al Ministerio de Hacienda que lleve a cabo una investigación interna para aclarar si durante la gestión del exministro popular Cristóbal Montoro, actualmente bajo la lupa de un juez de Tarragona, se implementaron reformas fiscales que favorecieran a intereses privados, específicamente a la firma Equipo Económico.

Dichas peticiones han sido canalizadas a través de varias preguntas parlamentarias dirigidas al Gobierno por las diputadas Tesh Sidi y Alda Recas. Ambas legisladoras buscan determinar si, bajo las administraciones del Partido Popular, existieron "vínculos directos entre altos funcionarios de Hacienda y el despacho Equipo Económico".

El contexto de esta solicitud se enmarca en una investigación judicial que intenta dilucidar si el exministro actuó en beneficio de intereses privados mediante la creación de reformas fiscales adaptadas a sus necesidades. Esta situación ha despertado inquietudes sobre la ética de las decisiones tomadas en aquellos años.

En su requisa, las parlamentarias han inquirido al actual Ministerio de Hacienda sobre la posibilidad de realizar una revisión interna para estudiar si se produjeron "conflictos de intereses o un posible uso inadecuado de información privilegiada por parte de antiguos altos cargos vinculados al PP".

Asimismo, han solicitado información sobre si Hacienda cuenta con un "registro actualizado de los funcionarios" que, durante su paso por el Gobierno del PP, mantuvieron relaciones con el despacho Equipo Económico, poniendo énfasis en aquellos con capacidad para influir en la normativa fiscal.

Las diputadas de Más Madrid han planteado una pregunta crítica: "¿Es el Ministerio de Hacienda partidario de revisar las decisiones normativas adoptadas entre 2011 y 2018, para determinar si estas pudieron ser el resultado de una red de influencias inapropiadas entre la administración pública y ciertos actores privados?".