Los 22 países iberoamericanos piden una «acción coordinada» frente al crimen organizado

Los líderes de los 22 países de la Comunidad Iberoamericana han expresado su preocupación por la expansión y diversificación de la delincuencia organizada transnacional y coinciden en que hacerle frente exige una «acción coordinada». Así consta en uno de los comunicados especiales aprobados en la Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid el miércoles y el jueves.

El texto advierte de la «creciente capacidad de adaptación» de estas redes, que afecta a la seguridad de las personas, a los derechos humanos, al Estado de derecho, a la estabilidad institucional, a la democracia y al crecimiento económico. Según el comunicado, estas organizaciones pueden operar mediante redes transfronterizas que abarcan el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, el blanqueo de capitales, la corrupción, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, la extorsión, el tráfico de armas de fuego, el contrabando, los delitos medioambientales, la minería ilegal y la ciberdelincuencia.

Los firmantes sostienen que la prevención y el combate de estos delitos requieren una acción coordinada de los Estados, que debe desarrollarse en el marco de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos, así como de otros instrumentos internacionales. Insisten en que esa lucha debe respetar la soberanía, el Derecho Internacional, los derechos humanos, el debido proceso y los ordenamientos jurídicos nacionales.

En el plano operativo, el comunicado subraya la necesidad de reforzar la cooperación policial, judicial, aduanera, migratoria, financiera, tributaria y fronteriza, así como el intercambio de información entre autoridades competentes. También pide una mayor coordinación entre INTERPOL, AMERIPOL, EUROPOL y otros mecanismos de cooperación. Además, considera imprescindible privar a los grupos criminales de sus capacidades financieras y logísticas, mediante la detección, el embargo y el decomiso de bienes, la trazabilidad de mercancías, la seguridad portuaria, el control de las cadenas de suministro y la prevención del desvío de armas y municiones.

La declaración sitúa el problema en una doble dimensión: la de los delitos que atraviesan fronteras y la de los instrumentos financieros, aduaneros y tecnológicos necesarios para combatirlos. El énfasis en el respeto a los derechos humanos y al debido proceso marca el equilibrio que los Estados pretenden mantener en esa estrategia común.