En Madrid, el 24 de junio, las autoridades españolas están en proceso de gestar una regulación que modificaría drásticamente la forma en que las empresas publicitan sus productos. La nueva Ley de Consumo Sostenible, que se encuentra bajo el análisis del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, contempla la prohibición de cualquier anuncio relacionado con productos energéticos que se basen únicamente en derivados fósiles, siempre que provengan de empresas vinculadas al carbón y al petróleo.

De acuerdo con fuentes del ministerio aludido, esta propuesta no afectará la publicidad del gas, permitiendo a las empresas de este sector seguir comunicándose con el público sin restricciones adicionales. El enfoque central de la norma es combatir el denominado 'greenwashing', la práctica de algunas empresas que hacen proclamaciones engañosas sobre la sostenibilidad de sus productos sin el respaldo científico necesario.

El nuevo marco regulatorio, que ya ha pasado por una consulta pública, busca implementar las Directivas de Empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica y el Derecho a reparar, introduciendo al mismo tiempo criterios que fomenten un consumo más responsable y sostenible. Las fuentes enfatizan que "el consumo sostenible se refiere a la adquisición de bienes y servicios que no comprometan los recursos disponibles para futuras generaciones", un imperativo que está siendo adoptado en toda la Unión Europea a través del ambicioso Pacto Verde Europeo.

Con la implementación de esta ley, se establecerán nuevos estándares que prohíben las afirmaciones medioambientales que las empresas no puedan demostrar con evidencia de alto desempeño ambiental. Ejemplos de tales afirmaciones, que serán prohibidas, incluyen términos como 'respetuoso con el medio ambiente' o 'biodegradable', que han sido frecuentemente utilizados sin una base sólida.

Además, la normativa prevé que las etiquetas de sostenibilidad sean más difíciles de obtener, al exigir que se funden en sistemas de certificación verificables, y establece que las empresas no pueden reivindicar como distintivas características que son requisitos legales generales para su categoría de productos.

Un aspecto crucial de la legislación es la prohibición de alegaciones que se basen exclusivamente en compensaciones de emisiones de gases de efecto invernadero. Las empresas no podrán calificar un producto como de impacto medioambiental neutro o reducido basándose únicamente en programas compensatorios.

Asimismo, las afirmaciones medioambientales no podrán abarcar todo un producto o una empresa si solo se refieren a aspectos específicos de ellos. Este enfoque busca una mayor transparencia en las prácticas comerciales y en la comunicación al consumidor.

Una vez que esta ley obtenga la aprobación final, se convertirá en la primera legislación en España dedicada exclusivamente a promover el consumo sostenible, beneficiando tanto a los consumidores como a los productores en el proceso de transición hacia una economía más verde.