Conforme se acerca el año 2026, se establece un nuevo umbral para la jubilación en España. A partir del 1 de enero de ese año, los ciudadanos que deseen acceder al 100% de su pensión deberán haber alcanzado al menos 66 años y 10 meses. Esta normativa se enmarca dentro de la reforma de pensiones implementada en 2013, que estableció un aumento gradual de la edad de jubilación, elevándola desde los 65 años hasta los 67 en un periodo de 15 años.

Los trabajadores que hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses deberán cumplir esta nueva edad para recibir la totalidad de su pensión. Para el año 2025, el requisito será de 66 años y 8 meses, manteniendo una tendencia hacia el ajuste de la edad de jubilación relacionada con los años de cotización.

Para aquellos que superen el tiempo de cotización mencionado, el requisito se reduce a los 65 años para acceder a la pensión completa a partir de 2026. Este ajuste es parte de un esfuerzo por equilibrar el sistema de pensiones con la realidad demográfica del país.

Uno de los elementos que se ha mantenido inalterado a lo largo de esta reforma es la exigencia de haber cotizado un mínimo de 15 años para acceder a una pensión contributiva, dos de los cuales deben estar dentro de los 15 años previos a la jubilación.

La jubilación parcial, que permite combinar el retiro con un trabajo a tiempo parcial, también ha sido objeto de regulación. En esta modalidad, si no se cuenta con un contrato de relevo por parte de la empresa, la edad mínima para acceder será la misma que la de jubilación ordinaria. Sin embargo, si se establece un contrato de relevo, la edad mínima se reduce a 63 años y 10 meses para quienes cuenten con menos de 38 años y 3 meses de cotizaciones, o 62 años para quienes hayan cotizado al menos 33 años.

El sistema de Seguridad Social ofrece la posibilidad de anticipar la jubilación de manera voluntaria hasta 24 meses antes de la edad legal. Para esto, se requiere un mínimo de 35 años de cotización, de los cuales dos deben estar en los últimos 15 años trabajados. En 2026, aquellos que deseen jubilarse anticipadamente con menos de 38 años y 3 meses de cotización deberán tener al menos 64 años y 10 meses, mientras que quienes tienen una carrera laboral más extensa podrán acceder a ella a partir de los 63 años.

Para poder optar a esta modalidad de jubilación anticipada, el monto a percibir por el trabajador debe ser superior a la pensión mínima que le correspondería en función de su situación familiar al cumplir 65 años; de lo contrario, no tendrá acceso al adelanto de su retiro.

En caso de que la jubilación anticipada sea involuntaria, los afectados podrán jubilarse hasta cuatro años antes de la edad ordinaria. Para 2026, esto requiere tener cumplidos 62 años y 10 meses con menos de 38 años y 3 meses cotizados, además de un mínimo de 33 años; mientras que quienes tengan una carrera más extensa podrán jubilarse a los 61 años.

Es importante mencionar que la Seguridad Social aplicará coeficientes reductores sobre la pensión anticipada basados en la cantidad de meses de anticipación y los años de cotización. Estos descuentos varían considerablemente, comenzando en un 21% si la jubilación se adelanta 24 meses, y descendiendo hasta un 2,81%. En el caso de jubilaciones anticipadas forzosas, los coeficientes también estarán presentes, oscilando desde un 30% con cuatro años de anticipación hasta un 0,50% con un mes de adelanto, dependiendo de los años cotizados.

Por el contrario, demorar el acceso a la pensión de jubilación trae consigo bonificaciones, que pueden traducirse en un aumento en el porcentaje de la pensión o pagos únicos por cada año extra trabajado más allá de la edad ordinaria. Esta reforma, que se puso en marcha en abril, modificó las condiciones de estas bonificaciones, permitiendo beneficios por demoras menores a un año completo.

Además, se ha establecido la compatibilidad entre la jubilación activa y la percepción de complementos por demoras, aunque las bonificaciones no se generarán mientras el individuo siga en una situación de jubilación activa. Estas medidas reflejan un esfuerzo por adaptar el sistema de pensiones a la realidad laboral y demográfica del país, balanceando los intereses de los trabajadores y la sostenibilidad del sistema.