València, 4 de agosto. La Generalitat Valenciana ha solicitado penas de prisión para Francis Puig, hermano del ex presidente del Consell, Ximo Puig, al igual que la Fiscalía Anticorrupción, en relación al escándalo de las subvenciones. La petición incluye una condena de cuatro años para Puig y tres años para su socio, Juan Enrique Adell Bover.

Documentos a los que ha tenido acceso Europa Press revelan que la Abogacía ha presentado su solicitud al Juzgado de Instrucción número 4 de València, encargado de investigar un presunto fraude en la recepción de subvenciones públicas.

El fiscal argumenta que Francis Puig debería cumplir cuatro años de prisión por cometer un delito de falsedad documental en concurso con estafa agravada, además de enfrentar una multa económica. Por su parte, Bover enfrenta tres años de cárcel por su implicación en un delito continuado de falsedad en documento mercantil, en conjunción con la misma acusación de estafa agravada.

Además, la Generalitat reclama una compensación económica a Francis Puig de 58.866,69 euros en calidad de administrador de Masmut Produccions S.L. Por su parte, Bover, como coautor del delito, debe indemnizar junto a Puig por un total sólido de 74.710,75 euros, que se origina de la facturación de Kriol, Canal Maestrat y Nova CB. Este monto será distribuido entre la Generalitat Valenciana y la Generalitat de Catalunya, basándose en las regulaciones de sus respectivas subvenciones.

Los informes de la Policía Judicial y la Intervención General apuntan a que se han obtenido injustamente ayudas públicas, ya que se detectaron facturas irregulares, gastos inexistentes y documentos falsificados, evidenciando la falta de transparencia en el uso de fondos públicos.

En enero, el juez emitió un auto que procesaba a Francis Puig y Juan Enrique Adell Bover, quienes llevan la administración de Comunicacions dels Ports SA y Canal Maestrat SL. Esta investigación está relacionada con las subvenciones percibidas por estas empresas y Mas Mut Produccions SL entre 2015 y 2018, destinadas a la promoción del valenciano en los medios de comunicación.

El juez ha destacado la gravedad de las acciones de los acusados, señalando que la magnitud de las irregularidades es significativa en términos cuantitativos y en los métodos utilizados, como la creación de facturas y sociedades ficticias, así como actividades que no justifiquen las subvenciones que se habían recibido.

La investigación se ha centrado en las ayudas otorgadas por la Generalitat Valenciana y la Generalitat de Catalunya a las compañías mencionadas. Mientras la primera se orientaba a la protección del valenciano, la segunda tenía como objetivo facilitar subvenciones para la prestación de servicios en lengua catalana o aranesa.