En Madrid, el pasado 23 de octubre, la Federación de Metalurgia de la Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) expresó sus preocupaciones al Gobierno español respecto a la propuesta de establecer un límite de cero emisiones para vehículos nuevos en 2035, una medida impuesta por la Unión Europea. La organización exige que cualquier avance hacia este objetivo cuente con un conjunto de medidas que protejan el empleo y la industria del país, así como la posibilidad de implementar una moratoria técnica que permita ajustar plazos a la capacidad de producción y la inversión disponible en Europa.

En un comunicado oficial, la CCP criticó la postura de España y Francia, quienes defienden esta meta de emisiones cero, y en su lugar, mostró apoyo a las posiciones de Alemania e Italia, que buscan una transición más “realista y condicionada” a la implementación de garantías en los sectores industrial, social y laboral.

La CCP sostiene que la imposición rigurosa de esta fecha límite puede resultar en efectos adversos en el empleo. Un ejemplo pertinente es la reciente decisión de Ford, que anunció la reducción de 1.600 puestos de trabajo en su planta de Valencia, un acontecimiento que subraya cómo los cambios en la producción y la demanda ya están impactando los centros de trabajo y su personal.

La organización también subrayó la necesidad de reconocer alternativas de transición, como soluciones híbridas de bajas emisiones y el uso de combustibles sintéticos, que permitirían mantener los empleos y la experticia industrial hasta que se consolide una cadena de valor robusta para los vehículos eléctricos en Europa.

Además, hizo un llamado urgente para respaldar a la industria de componentes a través de líneas de crédito y programas de modernización e internacionalización, evitando así la deslocalización de capacidades productivas clave.

La confederación enfatizó que su postura no es contraria a la transición, sino que busca equilibrar la ambición climática con el sentido de responsabilidad industrial y social. Advertenció que establecer 2035 como una fecha límite sin garantías verificables implica que el costo de dicha transición recaerá sobre los trabajadores, las empresas y las regiones. Afirmaron que, si no se actúa con cautela y se implementan medidas firmes, las proyecciones actuales sugieren un impacto social grave para España.

Finalmente, la CCP se apoyó en estudios sectoriales que alertan sobre el riesgo de pérdidas significativas de empleo en la cadena de suministro europea si se oscila hacia un modelo exclusivamente eléctrico o si se lleva a cabo una transición mal gestionada. Insistieron en que estas previsiones deben ser consideradas al establecer plazos legales obligatorios para la transición energética.