En Santiago de Compostela, el 16 de mayo, la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) y la Asociación para la Defensa Ecolóxica de Galicia (ADEGA) han decidido emprender acciones legales en respuesta a la autorización ambiental que la Xunta ha otorgado al controvertido proyecto de la empresa portuguesa Altri en Palas de Rei, Lugo.

Durante una conferencia de prensa, Alfredo Otero, vicepresidente de PDRA, destacó el inicio de una nueva etapa bajo el lema "Justicia para el río Ulla", y afirmó que los esfuerzos se centrarán en lograr que Altri renuncie a su intención de establecerse en la cabecera de este importante recurso hídrico.

A pesar de que el proceso administrativo para la instalación aún está en curso y hay permisos pendientes, las organizaciones han manifestado su preocupación por lo que consideran "irregularidades" en el manejo administrativo y la concesión de recursos hídricos, lo que les ha llevado a optar por la vía judicial.

En particular, han anunciado que interpondrán un recurso de alzada como paso previo a un posible litigio. Este recurso surge ante la falta de respuesta de Augas de Galicia sobre la solicitud de archivo del expediente de concesión de agua del río Ulla, que fue presentada para un uso industrial a favor de la empresa Greenfiber.

ADEGA ha señalado que, conforme a la normativa del Dominio Público Hidráulico, el plazo estipulado para la resolución de la concesión de aguas es de 18 meses, y al transcurrir ese tiempo sin respuesta, la petición se considera desestimada. Este procedimiento se activó a finales de noviembre de 2022, cuando se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña el inicio de la competencia de proyectos.

Frente a esta situación, en febrero, ambas organizaciones solicitaron a la Directora de Augas de Galicia la declaración de "caducidad" del procedimiento, pero han transcurrido tres meses sin obtener una resolución clara, según lo revelado por el secretario técnico de ADEGA, Fins Eirexas.

Con la negativa a su solicitud debido al silencio administrativo, las entidades han decidido presentar un recurso en alzada y han advertido que, en caso de no recibir respuesta o de que la solicitud sea desestimada, no dudarán en proceder con una demanda en la vía contencioso-administrativa.