En Palma, el 9 de septiembre, la situación en torno a la crisis migratoria en Baleares ha tomado un giro notable. El Gobierno de España ha rechazado la petición del Govern balear para que la región pueda acogerse a la contingencia migratoria, una solicitud que fue presentada la semana pasada.

Durante una sesión reciente del Parlament, la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, expresó su descontento con esta decisión. Prohens afirmó que su administración no se quedará de brazos cruzados y que hará uso de "todas las vías" posibles para detener el ingreso y la distribución de menores migrantes no acompañados en las islas.

En sus declaraciones, Prohens criticó duramente la postura del Gobierno central, sugiriendo que no se conforman con la sobrepoblación alarmante que presentan los centros de menores—los cuales, según ella, están funcionando a un 1.000 por ciento de su capacidad. La presidenta calificó esta situación de "racismo institucional", señalando una falta de consideración hacia la dignidad y el bienestar de los menores afectados.