El pasado 29 de enero, el Ministerio de Trabajo en España anunció un acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT para incrementar el salario mínimo interprofesional (SMI) en un 3,1% para el año 2026, alcanzando así los 1.221 euros mensuales distribuidos en catorce pagas. Este incremento, que será retroactivo desde el 1 de enero, fue comunicado por Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo, durante la última sesión de la mesa de diálogo social en la que los actores patronales CEOE y Cepyme no participaron.

Pérez Rey lamentó la falta de colaboración de las patronales, afirmando que a pesar de sus esfuerzos por encontrar un consenso, no fue posible contar con CEOE y Cepyme en este acuerdo sobre el salario mínimo. "Hemos trabajado incansablemente en busca de soluciones, pero al final no logramos su participación", declaró, mostrando así su frustración ante la situación.

Este nuevo salario mínimo representa un aumento de 37 euros mensuales en comparación con el de 2025, que era de 1.184 euros. Así, el incremento anual asciende a 518 euros, sin impuestos sobre la renta a considerar. Este es el sexto año consecutivo que el Gobierno negocia el aumento del SMI de manera aislada, ya que la última ocasión en que las patronales apoyaron un incremento fue en 2020, cuando se subió de 900 a 950 euros.

Además, el secretario de Estado anunció un compromiso del Ministerio para reformar el decreto vigente sobre salarios mínimos. La reforma busca asegurar que los complementos salariales no sean absorbidos por el nuevo salario mínimo, cumpliendo así con las demandas de los sindicatos. "Los 37 euros adicionales deben ir directamente a los bolsillos de los trabajadores, y no ser diluidos en compensaciones que afectan a aquellos que trabajan en condiciones especiales", enfatizó Pérez Rey.

Esta reforma se llevará a cabo mediante un Real Decreto, que permitirá abordar los cambios necesarios sin requerir la aprobación a través de un anteproyecto de ley, tal como argumentan desde el Ministerio, sosteniendo que existen fundamentos jurídicos sólidos para dicha acción. "A pesar de la opinión de los representantes de la patronal, creemos que este es el camino adecuado", añadió.

Pérez Rey también mencionó que se incorporarán elementos que responden a exigencias europeas, especialmente en relación con la Comisión de Expertos del SMI. Sin embargo, la mesa de negociación no trató la propuesta presentada por el Ministerio de Hacienda, que sugería un incentivo fiscal para incentivar contrataciones superiores al SMI. Esta propuesta fue desestimada durante la reunión, siendo calificada por la patronal como "trilera e intervencionista".

El secretario de Estado explicó que el Ministerio decidió no presentar la propuesta de Hacienda durante la mesa de diálogo social, considerando que no sería útil. "No estamos aquí para perder el tiempo", subrayó, reflejando un deseo de avanzar sin dilaciones innecesarias.

Pérez Rey argumentó que el proceso de negociación ha puesto de manifiesto el interés del Gobierno en reactivar el diálogo social y establecer un ambiente propicio para futuras colaboraciones entre patronales y sindicatos en la negociación colectiva. "Hemos hecho lo posible por incluir a la patronal en esta dinámica, y siento que no lo hemos logrado, quizás por descalificaciones prematuras", concluyó el secretario de Estado, expresando su desazón por la situación actual.