Crónica España.

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Gobierno obligado a publicar documentos del Consejo de Ministros de Franco, según Transparencia.

Gobierno obligado a publicar documentos del Consejo de Ministros de Franco, según Transparencia.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha emitido una resolución que obliga al Ministerio de la Presidencia a proporcionar documentos relacionados con el gobierno del dictador Francisco Franco, debido a la falta de actas oficiales de las reuniones del Consejo de Ministros que tuvieron lugar entre 1939 y 1957.

Esta decisión surge tras la solicitud de un ciudadano que buscaba información sobre los acuerdos adoptados en una sesión celebrada el 25 de octubre de 1955, que trataba sobre actuaciones del Juzgado Especial de Delitos Monetarios, en particular sobre falsificaciones en operaciones de importación.

Ante la inexistencia de actas oficiales correspondientes a aquellas fechas, el CTBG ha mandado al Gobierno que aporte los documentos preparatorios que aún se conservan en el Archivo Central del Estado. Este mandato revela no solo la falta de transparencia en la administración franquista, sino que también subraya la importancia del acceso a la información pública como un derecho ciudadano.

El ministerio que dirige Félix Bolaños no presentó respuesta ni justificación alguna durante el procedimiento ante el CTBG, lo que facilitó que esta instancia rechazara la inacción del Gobierno y aceptara la petición del reclamante en su totalidad.

En su dictamen, el CTBG también enfatiza que el derecho a acceder a información pública está amparado constitucionalmente, lo que implica que cualquier limitación a este derecho debe ser debidamente fundamentada y proporcional. Se le exige al Ministerio que proporcione la documentación solicitada dentro de un plazo de diez días hábiles, y además, copie esta información al propio Consejo.

Esta decisión se apoya en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que reafirma el papel del CTBG en el manejo de reivindicaciones de acceso a documentos, incluso frente a regulaciones específicas como la Ley de Patrimonio Histórico Español. Asimismo, se recuerda que la administración debe estar dispuesta a permitir el acceso parcial a la documentación si alguna porción de esta está sujeta a restricciones legales.