El día de hoy, el Gobierno español ha decidido interponer un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, que había ordenado el cierre definitivo del Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) destinado a los refugiados. Esta acción busca obtener medidas cautelares mientras se resuelve el asunto legalmente.

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han confirmado esta información, indicando que están a la espera de la resolución por parte de la justicia en relación con este conflicto administrativo.

El CREADE de Pozuelo, que fue cedido por el Ministerio de Seguridad Social a satisfacción de la situación de emergencia humanitaria acentuada por diversos conflictos, incluyendo la guerra en Ucrania, ha sido un recurso clave en la atención a personas necesitadas desde su inauguración en 2022.

Hasta el momento, el centro ha logrado asistir a más de 100,000 solicitantes de protección internacional y, de acuerdo a fuentes ministeriales, no había habido inconvenientes previos con la administración local hasta ahora.

Actualmente, el CREADE alberga a 125 personas, principalmente mujeres ucranianas con protección temporal y a otras solicitantes de asilo de diferentes nacionalidades, lo que subraya la función continua y crítica del centro en la atención humanitaria.

Entretanto, la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Paloma Tejero, ha solicitado formalmente al Gobierno información sobre la situación del CREADE y ha manifestado su intención de utilizar todos los medios legales disponibles para hacer cumplir el cierre que ha ordenado el Ayuntamiento.

En su carta a la ministra Elma Saiz, Tejero criticó la ausencia de invitación a un evento celebrado en el centro por parte del Gobierno, a pesar de que el Ayuntamiento había establecido el cierre en septiembre, otorgando un plazo de cuatro meses para reubicar a los habitantes del centro.

La alcaldesa ha destacado que la resolución del Ayuntamiento establece claramente la necesidad de cerrar el centro debido a la falta de licencias pertinentes y ha señalado que el plazo para dicha clausura finaliza el próximo 17 de enero de 2026. No obstante, el Ayuntamiento no ha recibido hasta la fecha ninguna notificación o comunicación del Ministerio respecto a esta resolución.

Tejero ha hecho hincapié en que el Ministerio debió haber solicitado las licencias de funcionamiento dentro del plazo estipulado y ha enfatizado que, de acuerdo a la normativa, debería haber presentado cualquier recurso judicial en el plazo de dos meses que ya ha expirado.

El mensaje de la alcaldesa es claro: “El Gobierno español tiene un mes para llevar a cabo el cierre y el Ayuntamiento de Pozuelo no se quedará de brazos cruzados. Usaremos todas las herramientas legales a nuestra disposición para asegurar que se respete esta orden”.