La fiscal lamenta que se haya "allanado imprudentemente" la sede de la Fiscalía por culpa de un "documento inane"

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, criticó al magistrado del Tribunal Supremo (TS) Ángel Hurtado antes de comenzar su declaración como investigado por presunta revelación de secretos. García Ortiz expresó que no respondería a las preguntas del magistrado ya que consideraba que actuaba con "predeterminación" y sin garantizar el descubrimiento de la verdad. Se limitó a contestar las preguntas de su defensa y de la Fiscalía, que finalmente optó por no hacer ninguna.

Además, el fiscal general señaló que la entrada y registro en su despacho fue invasiva de sus derechos fundamentales y pidió su nulidad, sin obtener respuesta del Supremo hasta el momento. Expresó su preocupación de que lo requisado podía ser utilizado en su contra en una eventual imputación.

Asimismo, García Ortiz criticó al magistrado por ordenar diligencias sin informar a su defensa, lo que dificultaba sus respuestas. Aseguró que el objeto del proceso no estaba claro y que algunas de las diligencias de defensa necesarias fueron denegadas. Afirmó que la actuación del magistrado perjudicaba su defensa al no permitirle ser preciso en sus contestaciones.

En otro aspecto, el fiscal general indicó que no respondería a la acusación particular debido a omisiones importantes en la querella presentada. Señaló que el querellante no fue leal con los tribunales al omitir hechos fundamentales en su demanda. También destacó que el querellante no desmintió la mentira transmitida durante la investigación, lo cual consideró relevante en el caso.

Tras las intervenciones anteriores, la fiscal del caso decidió no formular preguntas, argumentando que la causa se inició con una diligencia de entrada y registro en el despacho del fiscal general del Estado y de la fiscal jefe de Madrid. Consideró que esta diligencia cuestionaba la actuación de un órgano constitucional y era desproporcionada.

La fiscalía subrayó que las conversaciones filtradas entre abogados y fiscales tenían escaso valor y que el documento relevante revelado era inane desde el punto de vista jurídico. Criticó al querellante y su defensa por buscar desprestigiar al Ministerio Fiscal con información sesgada. Aseguró que la afirmación de que las negociaciones partieron del Ministerio Público era falsa y que se trató de un montaje para desacreditar la actuación del Ministerio Público.