En Zaragoza, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha manifestado que cualquier reforma en el modelo de financiación autonómica debería ser fruto de un "gran acuerdo nacional". Garamendi subraya que este proceso debe ser acordado de manera inclusiva, involucrando a todas las partes y no solamente entre un partido político y el Gobierno.

El líder empresarial se ha interrogado sobre las posibles consecuencias de que el Estado decida prescindir de 21.000 millones de euros, especialmente considerando que este año deberá afrontar un gasto de 24.000 millones por el déficit en la Seguridad Social, además de la necesidad de aumentar la inversión en el ámbito de Defensa.

Durante su intervención en la Asamblea General Extraordinaria de CEOE Aragón, donde se dio la bienvenida a Benito Tesier como nuevo presidente de la organización, Garamendi ha señalado la importancia de que los empresarios analicen en detalle el modelo propuesto por la ministra María Jesús Montero antes de la próxima reunión del Comité Ejecutivo. Hizo hincapié en que la financiación autonómica debe ser un asunto tratado por todas las fuerzas políticas y no solo entre el Gobierno y una de las partes.

Recordó que tanto el artículo 14 como el artículo 139 de la Constitución Española garantizan la igualdad de derechos de todos los ciudadanos en cualquier parte del país, estableciendo que la financiación autonómica no debe ser un asunto relegado a los políticos, sino que debe ser un "debate de los ciudadanos".

Garamendi destacó el impacto económico que conllevaría la propuesta gubernamental de desviar esos 21.000 millones a las comunidades autónomas, expresando su preocupación por un posible aumento de impuestos como resultado de esta decisión.

Se cuestionó también cómo gestionaría el Estado una reducción de recursos, planteando si ello conllevaría una necesidad de incrementar la carga fiscal sobre los ciudadanos, lo que podría agravar aún más la situación económica, especialmente considerando que una parte significativa de la deuda nacional se financia con los ingresos del Estado.

El presidente de CEOE instó a que estas preocupaciones y reflexiones sean discutidas de manera abierta en las comunidades autónomas y posteriormente entre las diferentes formaciones políticas, asegurando que la patronal contribuirá con sus propuestas en este diálogo esencial.

Garamendi también hizo referencia a la actual "incertidumbre geopolítica" que atraviesa la sociedad, observando un ambiente de "radicalidad" presente en diversos ámbitos, incluida la política. En respuesta a esta realidad, propuso que la moderación sea la clave de actuación, advirtiendo sobre la necesidad de confianza en el marco del Estado de Derecho y la calidad regulatoria que buscan las empresas para operar de manera efectiva.

En conclusión, se comprometió a que la CEOE continuará actuando con "independencia, sentido de Estado y lealtad institucional", un enfoque que, lamentablemente, a veces parece faltar en el actual panorama político. Finalizó su discurso enfatizando que el país necesita más diálogo y acuerdos generales, que beneficien a todos.