La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por su cambio de postura en relación al Sáhara Occidental, argumentando que "contraviene el derecho internacional vigente". En una carta enviada al presidente del Gobierno, la UPF le insta a adoptar "las medidas necesarias" para lograr la celebración del referéndum de autodeterminación en el territorio.

La asociación de fiscales lamenta este giro en la política internacional, sosteniendo que "agrava las posiciones mantenidas por nuestros anteriores gobiernos y, lo que es aún más preocupante, contraviene el derecho internacional vigente". La UPF cree que el respaldo del Gobierno de Sánchez a la propuesta de autonomía para el Sáhara Occidental dentro de Marruecos incumple el Plan de Paz de 1991 firmado por el Reino de Marruecos con el Frente Polisario, aprobado posteriormente por el Consejo de Seguridad de la ONU.

UPF recuerda que desde 1963, cuando Naciones Unidas consideró al Sáhara Occidental como un territorio no autónomo que debía descolonizarse a través de un referéndum de autodeterminación, España no ha dado cumplimiento efectivo a las obligaciones derivadas de su condición de potencia administradora. Según la Carta de Naciones Unidas, corresponde a España el deber de promover los intereses del pueblo saharaui, en aras de la obtención de su progreso social, económico, político y educativo, así como impulsar la ayuda a dicho pueblo para conformar formas apropiadas de autogobierno, conforme a sus aspiraciones políticas y transmitir a la ONU información periódica sobre la situación en la que se encuentra el pueblo saharaui.

Para la asociación de fiscales, la omisión en el cumplimiento de dichas obligaciones es una herencia cronificada desde los tiempos de la dictadura de Franco, y la nueva posición de España no solo perpetúa esta inacción histórica, sino que pareciera alinearse con el indigno e ilegal acuerdo firmado en el año 1975 por nuestro país (Pactos de Madrid), por los que España cedió parte del territorio del Sáhara Occidental a Marruecos y otra parte a Mauritania.

La UPF denuncia que la decisión del Gobierno en relación al Sáhara Occidental lejos de contribuir a la finalización del proceso de descolonización constituye una alianza con el Reino de Marruecos que es responsable del bloqueo de ese proceso desde hace ya casi 50 años. Cualquier solución ajena al marco de la legalidad internacional y al cumplimiento de las obligaciones que le corresponden a España supondrá la pérdida de una oportunidad histórica para consolidar el liderazgo de España en la conquista de la democracia y las libertades y para devolver el futuro robado al pueblo del Sáhara Occidental, explica la UPF.