La Guardia Civil ha llevado a cabo un exhaustivo registro en la vivienda del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en València, un procedimiento que se extendió por más de nueve horas en busca de documentos relacionados con contratos de obra pública.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) iniciaron la diligencia a primera hora de la mañana, bajo la dirección del magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente. Este registro fue motivado por las investigaciones sobre el supuesto cobro de comisiones, tanto en efectivo como en especie, en relación con contratos de suministros sanitarios y obras durante la crisis provocada por la pandemia.

Se ha confirmado que, tras finalizar el registro alrededor de las 16:30 horas, los agentes requisaron el teléfono móvil y otros dispositivos electrónicos del exministro, lo que indica que se busca información crucial para el desarrollo del caso.

Este operativo forma parte de una serie de diligencias secretas establecidas dentro de una investigación más amplia, que también incluyó registros en empresas relacionadas, todo ello bajo la orden del juez instructor.

Un informe presentado por la UCO revela que Ábalos es dueño de un inmueble en València, adquirido en 1987, y que será de su propiedad total tras la disolución de su sociedad conyugal. Los investigadores han hallado conexiones de Ábalos con la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social, conocida como Fiadelso. Pese a que esta entidad fue disuelta en 2023, su relación con el exministro y su familia ha perdurado a lo largo de los años.

Además, se menciona que una de las exparejas de Ábalos formó parte del patronato de Fiadelso y que, en 2003, se adquirió un local en València destinado a sede de la fundación, con un préstamo importante. Ábalos poseía un tercio de ese inmueble.

Las acciones de la Guardia Civil se desencadenaron tras la presentación de nuevos documentos en la causa, incluidos los aportados por Víctor de Aldama, un presunto intermediario que aseguró tener un listado de contratos preadjudicados a diversas constructoras.

Estos contratos, que forman parte de las inversiones del Ministerio de Transportes en los Presupuestos Generales del Estado para 2021, están relacionados con proyectos de carreteras. En el documento enviado por De Aldama, se destacan contratos públicos que ya habían sido adjudicados a empresas específicas.

El registro de la vivienda se llevó a cabo siete meses después de que el Tribunal Supremo abriera la investigación contra Ábalos, a raíz de una solicitud proveniente de un juez de la Audiencia Nacional vinculado al llamado 'caso Koldo', en alusión a un exasesor del exministro.

Este ha sido el primer registro de la casa de Ábalos, quien ya ha tenido la oportunidad de declarar en dos ocasiones, negando cualquier irregularidad en torno a los cobros de comisiones. A pesar de sus demandas para que se separara a la UCO de la investigación por los supuestos ataques a su privacidad, tanto el juez como la Sala de Apelación han desestimado estas solicitudes.

El exministro sostiene que se le está sometiendo a una investigación injustificada, pero el tribunal ha respaldado la continuidad de las indagaciones en su contra, lo que indica la seriedad de las acusaciones que enfrenta.