Un reciente análisis del Instituto Juan de Mariana pone de manifiesto las crecientes desigualdades económicas que existen entre las generaciones más jóvenes y las personas mayores en España. Este informe revela que las nuevas pensiones de jubilación ya superan el salario promedio de los trabajadores menores de 35 años.
Durante el primer trimestre de 2025, los jubilados del Régimen General de la Seguridad Social percibieron una media de aproximadamente 1.760 euros al mes, lo que representa un incremento del 5,5% en comparación con el año anterior. En contraste, el salario promedio de los jóvenes menores de 34 años se encontraba en torno a los 1.670 euros mensuales, una diferencia que el Instituto califica como "especialmente impactante".
El Instituto critica la narrativa política que sostiene que la desigualdad se manifiesta principalmente en las diferencias entre ricos y pobres. Al contrario, sostiene que la mayor disparidad económica en la España contemporánea radica en la brecha que separa a las generaciones mayores de los jóvenes. Esta perspectiva invita a examinar la situación con mayor profundidad, más allá de los relatos convencionales.
Un dato preocupante es que, en los últimos 20 años, la participación de los mayores de 75 años en la riqueza nacional ha crecido 12 puntos, mientras que la de los menores de 35 ha disminuido cinco. En 2002, los jóvenes poseían el 7,5% de la riqueza nacional; para 2022, este porcentaje se había reducido al 2%. Por otro lado, los mayores de 75 han aumentado su participación de un 8% a un 20% en el mismo periodo.
Además, el informe indica que la riqueza mediana de aquellas personas nacidas en los años 80 es casi un 50% inferior a la de quienes nacieron en los años 60. En términos de ingresos, se evidencian también diferencias generacionales significativas: de 2008 a 2024, los ingresos reales de los jóvenes de 18 a 29 años disminuyeron un 3%, mientras que los de los mayores de 65 años crecieron un 18%.
Cuando se comparan los datos de España con los de la Unión Europea, se observa que los jubilados españoles tienen una renta que supera en un 6,4% la media europea, mientras que los trabajadores en activo perciben un 7,3% menos que sus homólogos europeos. Esta asociación entre edad y renta en el contexto nacional plantea preguntas sobre la salud financiera de las futuras generaciones.
El informe también resalta que desde 2006, únicamente los mayores de 65 años han experimentado un aumento en su consumo real, del 5%. Por el contrario, los menores de 30 años han recortado su consumo en un sorprendente 36%. Este descenso en el gasto se ha manifestado principalmente en categorías como muebles, transporte y ocio, aunque no tanto en educación y vivienda.
El Instituto Juan de Mariana se propone cuestionar la narrativa que sostiene que los jóvenes enfrentan dificultades económicas a causa de su estilo de vida, caracterizado por el gasto en ocio y tecnología. Según su evaluación, el auténtico problema es la estructura económica y las políticas que perpetúan un entorno de salarios bajos y una vivienda inalcanzable.
Responsabilizar a los jóvenes por su situación es, según el Instituto, evadir el abordaje de un debate mucho más profundo sobre la interrelación de decisiones políticas y desequilibrios económicos. En este sentido, la juventud española muestra la mayor tasa de desempleo de toda Europa, cuadruplicando los índices de Alemania y superando la media comunitaria en más de diez puntos.
El análisis también aborda el acceso a la vivienda: mientras que el 81% de los ciudadanos nacidos entre 1945 y 1965 eran propietarios a la edad de 42 años, hoy en día, menos del 50% de quienes nacieron después de 1985 logran alcanzar esa meta, y solo un 20% de los menores de 35 años tiene hipotecada una vivienda.
El Instituto advierte que el sistema de pensiones actual muestra signos de insostenibilidad, ya que, en promedio, cada jubilado recibe un 62% más de lo que aportó al sistema durante su vida laboral. Esta generosidad ha llevado a un déficit significativo en la Seguridad Social, cifrado en el 3,8% del PIB, lo que equivale a 56.000 millones de euros, y sitúa la deuda implícita del sistema en un alarmante 507% del PIB.
Desde 2010, el Instituto ha observado que las cotizaciones se han vuelto insuficientes para financiar las pensiones, aumentando la carga fiscal sobre los trabajadores activos, que ahora destinan un 39,5% de su coste laboral al IRPF y a las cotizaciones sociales, en comparación con el 31,8% en la OCDE. Si se consideran otros impuestos, la carga fiscal se eleva a un 55% del salario medio.
El análisis indica que en áreas como Asturias, aunque el PIB per cápita ha crecido, la razón no es un mayor dinamismo económico, sino el impacto del colapso demográfico juvenil, donde hay apenas 1,4 cotizantes por pensionista, mientras que el empleo público crece a expensas del sector privado.
Por último, el informe concluye que el actual sistema fiscal y de pensiones ha beneficiado desproporcionadamente a las generaciones mayores en detrimento de los jóvenes, exacerbando la inequidad intergeneracional y aumentando las dificultades económicas para los nuevos trabajadores. Para el Instituto, es esencial restablecer el equilibrio entre generaciones y corregir los excesos en el gasto en pensiones que afectan a los trabajadores activos en el presente.
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