MADRID, 29 de septiembre. En un reciente análisis realizado por la Asociación ClosinGap y MAPFRE, se ha revelado que la desigualdad de género en las pensiones representa un impacto económico significativo en España, cifrado en 28.500 millones de euros, lo que equivale al 1,8% del PIB nacional. Este déficit no solo afecta las estadísticas, sino que también impide la creación de aproximadamente 500.000 empleos y conlleva una reducción en los ingresos públicos de cerca de 4.900 millones de euros al año, procedentes del IRPF y el IVA.

El informe, titulado 'Coste de oportunidad de la brecha de género en pensiones y ahorro previsional', revisa y actualiza un estudio previo de 2019. Desde la organización, han destacado que, a pesar de que se aprecian ciertos avances en comparación con el informe anterior, el progreso sigue siendo lento y, por ende, preocupante.

El análisis pone de manifiesto que para el año 2024, un 10,5% de los hombres considerará postergar su jubilación, en contraste con solo un 7,8% de las mujeres. Este desbalance pone de relieve las dificultades que enfrentan las mujeres para alcanzar el número de años de cotización requeridos, así como los obstáculos que enfrentan al prolongar su vida laboral debido a las cargas de cuidado no remuneradas.

En la presentación del estudio, Antonio Huertas, presidente de MAPFRE, hizo un llamado a la sociedad española para actuar en pro de cerrar esta brecha. Advirtió que en un futuro no muy lejano, una parte considerable de la población pasará a ser jubilada y necesitará contar con suficiencia económica para seguir contribuyendo a la economía y al bienestar social.

En el encuentro, el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, puntualizó que la desigualdad de género se ha convertido en el principal desafío del sistema de pensiones de España. Subrayó la necesidad de atacar las raíces de la discriminación estructural que enfrentan las mujeres en el mercado laboral.

El estudio resalta que, en 2024, las mujeres recibirán una pensión contributiva media de 1.100 euros al mes, comparado con los 1.600 euros que reciben los hombres. Esto establece una diferencia de 510 euros mensuales, lo que se traduce en una brecha relativa del 31,9%.

Otro dato alarmante es que solo un 57% de las mujeres pensionistas accede a una pensión por jubilación, en comparación con el 82% de los hombres. Además, el 30% de las mujeres mayores dependen de pensiones de viudedad, una situación casi inexistente entre la población masculina de la misma franja de edad.

La investigación revela que la baja participación de las mujeres en el mercado laboral contribuye a carreras contributivas más cortas y a una brecha salarial que alcanza cerca del 20%. Estos factores, junto con una menor capacidad de ahorro, son fundamentales para entender la desigualdad en las pensiones.

El informe, que incorpora por primera vez microdatos fiscales individuales, indica que en 2022, las mujeres mayores de 67 años contaban con un patrimonio neto de media 6.700 euros inferior al de sus homólogos masculinos. Aunque ha habido una ligera reducción en esta disparidad gracias a avances en el sector inmobiliario, ha surgido una nueva diferencia en los planes de pensiones privados, donde la brecha se ha ampliado en 1.000 euros por persona en tan solo seis años.

Marieta Jiménez, presidenta de ClosinGap, enfatizó la urgencia de asegurar que las jóvenes que inician su vida laboral hoy puedan disfrutar de una jubilación sin limitaciones impuestas. Señaló que lo que se podría denominar como "edad de plata" debería transformarse en una "edad de oro", y subrayó que este reto implica también una oportunidad para construir una sociedad más justa y próspera.

El estudio también aborda la situación de la dependencia y menciona que, si bien las mujeres viven más que los hombres (85,8 años frente a 80,3), lo hacen en condiciones de salud más desfavorables y con escasos recursos económicos para afrontar los costes de atención necesaria.

Según los datos de ClosinGap y MAPFRE, a partir de los 80 años, los gastos derivados de la dependencia superan en 1,8 veces la pensión media femenina, una carga abrumadora para muchas mujeres que, a menudo, no cuentan con los recursos patrimoniales adecuados para hacer frente a dicha situación.

Para abordar estas desigualdades, el informe sugiere cinco líneas de acción desde las esferas pública y privada, que incluyen el refuerzo del sistema público de pensiones con un enfoque de género, la promoción de la igualdad en el mercado laboral, el fomento del ahorro previsional femenino, la mejora de la atención a la dependencia y la necesidad de evaluar el impacto de las reformas desde una perspectiva de género.