La reciente investigación del McKinsey Global Institute (MGI) resalta un preocupante panorama sobre el gasto global en adaptación frente a fenómenos climáticos extremos. Actualmente, el mundo destina 190.000 millones de dólares al año, una cifra que, aunque significativa, representa solo un tercio de lo que realmente se necesitaría para proteger a los 4.100 millones de personas en riesgo.

El informe titulado 'Advancing adaptation: Mapping costs from cooling to coastal defenses', ofrece un análisis exhaustivo de los costos asociados a la adaptación climática hasta el año 2050. Utilizando tecnología geoespacial de alta resolución, se identifican las áreas que enfrentarán mayores riesgos, y se propone un conjunto de 20 medidas de adaptación efectivas y rentables, que incluyen desde aire acondicionado y sistemas de riego hasta la construcción de diques y la restauración de manglares.

Con el aumento de las emisiones, se estima que hacia 2050 el planeta podría experimentar un incremento de temperatura de 2°C en comparación con los niveles preindustriales. Este escenario traería consecuencias severas, como el aumento del estrés térmico para 2.200 millones de personas y la sequía para otros 1.100 millones. En contraste, el número de personas afectadas por inundaciones costeras aumentaría solo en 40 millones.

Para que la adaptación cumpla con los estándares de las economías desarrolladas bajo estas circunstancias de calentamiento, se estima que se requerirían 1,2 billones de dólares anuales, seis veces más de lo que se destina actualmente. Mekala Krishnan, socia de MGI, subraya que los beneficios de invertir en estas adaptaciones superan los costos en una proporción de siete a uno en un contexto de 2°C. Sin embargo, persiste una notable discrepancia entre lo que se gasta y lo que se debe invertir para garantizar la seguridad de la población en riesgo.

Las dificultades financieras, operativas e institucionales son algunas de las barreras que hay que superar para optimizar la respuesta ante estos desafíos climáticos. Según Olivia White, también socia de MGI, aunque el desarrollo económico puede contribuir, no será suficiente por sí solo. Las áreas de bajos ingresos están particularmente en peligro y requieren atención urgente para fomentar su crecimiento económico y mejorar su resiliencia en el futuro.

La alerta también se extiende a España, donde el 28% del territorio se encuentra expuesto a riesgos climáticos. A pesar de que esto es menos que el promedio global del 40%, el 13% de la población ya sufre las consecuencias de inundaciones fluviales, olas de calor y sequías. MGI advirtió que la infraestructura de protección en el país sigue siendo escasa, con solo un 29% de las líneas eléctricas en áreas propensas a incendios soterradas, y únicamente el 45% de las costas con defensas adecuadas contra inundaciones.

España invierte actualmente 1.000 millones de dólares anuales en medidas de adaptación, una cifra que representa solo el 51% de lo necesario para alcanzar estándares equivalentes a los de economías desarrolladas. Si se mantienen las tendencias actuales, se estima que hasta el 89% de la población podría verse amenazada por riesgos climáticos significativos para 2030. A medida que se considera la posibilidad de un calentamiento de 2°C, los costos de adaptación podrían dispararse hasta 9.600 millones de dólares anuales, siendo la mayoría de estos gastos dirigidos a enfrentar olas de calor y sequías.

El informe también revela una discriminación alarmante en la protección contra riesgos climáticos entre diferentes ámbitos económicos; el 85% de las personas en zonas de bajos ingresos carecen de medidas de protección frente a estos fenómenos, en comparación con el 25% en regiones más prósperas. Las proyecciones sugieren que las futuras cargas de costo de adaptación caerían desproporcionadamente sobre individuos y empresas, mientras que los gobiernos tendrían la responsabilidad crítica de invertir en infraestructura esencial para mitigar estos riesgos.