En Madrid, el 4 de noviembre, se ha hecho pública la decisión de un grupo de plataformas que agrupan a trabajadores y estudiantes de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Este colectivo ha anunciado su intención de llevar a cabo una huelga los próximos 26 y 27 de noviembre en respuesta a la grave situación económica que atraviesan los centros universitarios, exigiendo una "financiación adecuada" que les permita mantener un servicio público en condiciones óptimas.

Según las declaraciones del colectivo, los problemas de financiamiento son una de sus principales preocupaciones. Afirman que el gobierno autonómico ha dejado de asumir la responsabilidad de una porción significativa de la financiación, alegando que sólo aportará el 70% de lo necesario, lo que consideran un ataque directo a la educación y a la investigación pública. Esta situación, dicen, incrementa la dependencia del capital privado y podría llevar a un aumento en los costos para los estudiantes.

Además, critican el movimiento hacia un modelo empresarial en las universidades públicas, donde se permite la proliferación de entidades que buscan lucrarse a expensas del sistema educativo. Esta tendencia, a juicio de los manifestantes, está resultando en una creciente privatización de la enseñanza superior en Madrid, así como en una sobrecarga burocrática que afecta tanto a trabajadores como a estudiantes.

Los manifestantes también han expresado su preocupación por la reciente ley universitaria en la región, que, según ellos, favorece el individualismo y agrava las desigualdades laborales, incrementando la precariedad en el sector. Mencionan la mercantilización de la educación y el cierre de líneas de investigación que no sean lo suficientemente rentables como uno de los factores que los impulsa a la huelga.

En un contexto donde el conocimiento se ve cada vez más influenciado por intereses privados, los trabajadores y estudiantes han denunciado la creciente intervención del gobierno de la Comunidad de Madrid en la autonomía universitaria. Esto incluye lo que ellos denominan una "mordaza universitaria", donde se imponen sanciones elevadas por infracciones menores como colocar pancartas o cualquier forma que ellos consideren falta de respeto.

Ante esta problemática, la plataforma ha realizado un llamado a la acción, demandando un aumento en la inversión por estudiante, la reversión de la privatización en el sector educativo y la implementación de políticas que prioricen la confianza por encima de la burocracia. También reclaman mejoras en la seguridad laboral y condiciones dignas de trabajo.

En este contexto de tensión, se ha destacado la importancia de salvaguardar la libertad académica y los derechos de los trabajadores y estudiantes de reivindicar sus necesidades. Además, se ha solicitado la dimisión del consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha reaccionado a las movilizaciones, argumentando que la huelga no se debe a la falta de presupuestos, sino a motivos de carácter diferente. García ha subrayado que el presupuesto para las universidades se incrementará en un 6,5% el próximo año, reflejando un aumento significativo en la inversión.

El gobierno regional ha preparado un presupuesto para el próximo año de 1.239,7 millones de euros para financiar las universidades públicas, lo que representaría un aumento de 75,3 millones de euros respecto al año anterior. Este incremento representa un récord histórico de inversión, según lo estipulado en el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales para 2026.

Este aumento significa que más del 4% del presupuesto total de la Comunidad de Madrid se destinará a las universidades, y en los últimos dos años, se ha incrementado la cantidad asignada en 122,6 millones, con una subida acumulada del 11% en términos porcentuales, lo que refuerza el compromiso del gobierno con la educación pública en la región.