El próximo jueves, a las 17:00 horas, el Ministerio de Trabajo celebrará una reunión con los representantes de los agentes sociales. El objetivo es llegar a un consenso sobre el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026, que se propone establecer en 1.221 euros al mes, distribuidos en catorce pagas, lo que representa un aumento del 3,1% respecto al SMI vigente en 2025.

Para lograr la participación de las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme en este acuerdo, el Ministerio de Hacienda ha diseñado un incentivo fiscal que se discutió en una reunión reciente con sindicatos y empresarios. En esa ocasión, el Ministerio liderado por María Jesús Montero no entró en detalles, ya que se estaba a la espera de la finalización de este mecanismo por parte de los expertos del ministerio.

De acuerdo con la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press, la propuesta incluye una reducción fiscal progresiva que podría alcanzar hasta el 100% del aumento del SMI. Este beneficio estaría dirigido a empresas que contraten empleados con sueldos superiores al SMI, siempre que haya un incremento en la plantilla.

En concreto, se trataría de una disminución en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades que las empresas podrían aplicar si al final del ejercicio fiscal la media de su plantilla total, compuesta por trabajadores con salarios superiores al SMI, ha aumentado en comparación con el inicio del período.

Para poder beneficiarse de esta reducción, las empresas deben aumentar su plantilla en al menos un trabajador a tiempo completo durante un año si tienen menos de 100 empleados. En empresas con más de 100 trabajadores, el mínimo sería de dos nuevos empleados o un incremento del 1% en la plantilla total.

Además, el importe de la reducción dependerá del porcentaje de aumento en el personal. Así, la reducción será menor si el incremento de trabajadores es inferior al 5% y alcanzará el 100% si el crecimiento supera el 15%. Este aumento en la plantilla deberá mantenerse durante dos años posteriores.

En términos más concretos, el importe a reducir será calculado multiplicando la subida bruta del SMI por un coeficiente que varía en función del incremento de la plantilla: 0,25 si es menor al 5%, 0,50 si se sitúa entre el 5% y el 10%, 0,75 entre el 10% y el 15%, y un 1 si el aumento es igual o superior al 15%.

Es importante mencionar que además de mantener o aumentar la plantilla media al final del ejercicio fiscal, las empresas deben asegurar la estabilidad de estos puestos de trabajo durante dos años después de que se aplique la reducción en la base imponible.

Asimismo, estas facilidades solo estarán disponibles para aquellas empresas cuyos gastos de personal representen más del 70% de los costos operativos en su cuenta de resultados. La base imponible, tras aplicar esta reducción, no puede ser negativa.

En caso de que las empresas no cumplan con los requisitos establecidos, se procederá a la regularización de las cantidades deducidas indebidamente, incluyendo los intereses de demora correspondiente, conforme a lo estipulado por Hacienda.

Con esta estrategia fiscal, el Ministerio de Trabajo busca involucrar a la CEOE en la aprobación del nuevo SMI. Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo, afirmó que esta reunión será crucial y se mostró optimista respecto a alcanzar un consenso.

Finalmente, el Ministerio ya ha informado a CCOO, UGT, CEOE y Cepyme que la propuesta de incremento del SMI para 2026, que tendría un efectividad retroactiva desde el 1 de enero, sería del 3,1%, fijándolo en 1.221 euros mensuales. Durante el último encuentro, también se discutió la posibilidad de implementar un incentivo fiscal para aliviar la carga de las empresas más afectadas por el SMI, en un esfuerzo por fomentar el aumento de salarios base y la estabilidad laboral.

El objetivo del Ministerio de Trabajo es que, a través de este incentivo fiscal, se promueva la mejora de los sueldos más bajos y se evite que las empresas se conformen únicamente con pagar el SMI.