En una nueva vuelta de tuerca en el debate sobre la atención médica para menores transgénero, más de quince estados con liderazgo demócrata han decidido tomar acciones legales contra la administración del presidente Donald Trump. Según los denunciantes, se siente que la política actual bloquea el acceso a tratamientos de salud necesarios para estos jóvenes en Estados Unidos.

Encabezados por el estado de California, este grupo de estados ha presentado una demanda que desafía una orden ejecutiva del presidente Trump, en la cual se describe a los tratamientos de transición como una forma de "mutilación química y quirúrgica". Esta declaración ha encendido el debate sobre la regulación y la ética de tais tratamientos en la atención infantil.

La demanda, que actualmente se tramita en un tribunal de Boston, sostiene que la administración Trump ha vulnerado los derechos constitucionales de los menores transgénero. Los demandantes piden que se priorice la investigación sobre estos tratamientos, alegando que su interrupción perjudica a un grupo ya vulnerable de la población.

La orden ejecutiva firmada por Trump en enero del presente año ordena al Departamento de Justicia investigar a las clínicas que proporcionan estos tratamientos, incluso en regiones donde son legales. Como resultado, la administración ha emitido numerosas citaciones a médicos que ofrecen atención a menores transgénero, reflejando un enfoque más prudente hacia la salud infantil en este contexto.

La fiscal general del país, Pam Bondi, ha cargado severamente contra los profesionales médicos que opten por estos tratamientos, acusándolos de "mutilar a niños en respuesta a una ideología distorsionada". Bondi ha reiterado que dichos médicos "rendirán cuentas" por sus acciones, planteando interrogantes sobre la ética de los procedimientos y la responsabilidad profesional.