En un reciente informe del Observatorio de Sostenibilidad, se ha revelado que España alberga un alarmante total de 4.340 infraestructuras críticas situadas en áreas susceptibles a inundaciones con un retorno estimado de 500 años. Este estudio, publicado el lunes, destaca la vulnerabilidad de lugares esenciales como hospitales, cuarteles de la Guardia Civil y centros educativos, entre otros.

El análisis identificó un total impresionante de 10.197 puntos críticos localizados en superficies inundables del país. De estos, se estima que un preocupante 71% enfrenta niveles de peligrosidad muy seria, mientras que un 13% presenta un riesgo grave y un 16% un riesgo leve. Cataluña se posiciona como la comunidad autónoma con el mayor número de infraestructuras en peligro grave, acumulando el 37% de los casos, seguida de Galicia, que representa el 16%.

Del total de infraestructuras críticas, las cifras son claras: 4.340 se encuentran en condiciones alarmantes, con 2.673 en riesgo muy grave por inundaciones. Estas infraestructuras se clasifican en seis categorías principales. Las poblaciones vulnerables forman la mayoría, representando el 56% con 1.994 puntos críticos. Otros aspectos importantes incluyen la seguridad del Estado, salud, seguridad medioambiental, servicios básicos e industrias, y transporte.

En términos de seguridad, se contabilizan 51 estaciones de bomberos, 116 cuarteles de la Guardia Civil y 114 comisarías de la policía nacional en zonas de alto riesgo. En el ámbito de la salud, el informe revela la presencia de 112 hospitales, así como instalaciones críticas que gestionan el tratamiento de aguas residuales y otras que están bajo la Directiva SEVESO, poniéndose en riesgo de contaminación por materiales peligrosos.

Los servicios básicos e industriales no se libran del problema. A lo largo del territorio, se identifican 415 subestaciones eléctricas y 282 infraestructuras de abastecimiento de agua en áreas inundables. Además, se hallan 155 infraestructuras viales, que incluyen cuatro estaciones de tren, 90 de autobuses y 13 aeropuertos que corren un grave peligro en caso de grandes inundaciones.

La elección del período de análisis de 500 años se fundamenta en la reciente dana ocurrida en Valencia en 2024, donde se constató que las áreas inundadas superaron en gran medida los peores escenarios previstos, alcanzando unas 16.000 hectáreas. Este hecho subraya la urgencia de adoptar medidas de adaptación al cambio climático, priorizando la protección de las poblaciones y estructuras más vulnerables.

El Observatorio también ofrece una serie de recomendaciones para mejorar la resiliencia ante inundaciones. Estas incluyen la implementación de sistemas de alerta temprana con protocolos estrictos, así como la evaluación de las edificaciones críticas frente a riesgos de inundación.

Además, se sugiere diseñar un retranqueo de las zonas urbanizadas en áreas de mayor riesgo y congelar cualquier nueva construcción, reexaminando los planes urbanísticos existentes para evitar que se construya en zonas de alto peligro.

La creación de infraestructuras sostenibles que reemplacen a las actuales, así como la atención urgente a los sectores más vulnerables de la sociedad, como barrios afectados, se identifican como prioridades. Por último, el informe demanda una rendición de cuentas clara en las políticas públicas relacionadas, la elaboración de planes obligatorios sobre riesgos de inundación con la participación ciudadana y una consideración seria del nuevo contexto del cambio climático.