El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado el recurso contencioso-administrativo presentado por la comunidad autónoma de Aragón en contra del Ministerio de Juventud e Infancia. Dicho recurso cuestionaba la implementación de un Real Decreto ley que establece un sistema de acogida para la infancia migrante no acompañada, un tema que ha generado intensos debates legales y políticos.

La controversia se originó a partir de una comunicación emitida el pasado 20 de marzo por la Dirección General de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, donde se instaba a las comunidades autónomas a reportar información sobre el número de menores extranjeros no acompañados bajo su responsabilidad, así como la ocupación de plazas disponibles para su acogida.

En su fallo, el tribunal argumentó que la comunicación del ministerio no se consideraba "una resolución formal", sino más bien "una solicitud de información". En el auto se aclara que el requerimiento es parte de los procedimientos establecidos en el Real Decreto ley 2/2025, donde se solicita la información antes del 31 de marzo de 2025, agradeciendo además la colaboración de las comunidades en este sentido.

Este es el tercer revés judicial que recibe la administración aragonesa en su intento de bloquear la implementación de esta normativa. Desde el mes de junio, el TSJM ya había desechado medidas cautelares que Aragón había solicitado para no hacer públicos los datos relacionados con la acogida de niños y adolescentes migrantes. Posteriormente, en julio, la Audiencia Nacional también desestimó otros recursos presentados por esta comunidad ante la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.

Desde el Ministerio de Juventud e Infancia se ha indicado que la estrategia judicial de Aragón es no solo errónea en términos legales, sino que también posee un fondo que podría ser interpretado como racista. Estas decisiones judiciales, indican, refuerzan que el proceso legislativo busca salvaguardar los derechos de los menores extranjeros no acompañados y que la iniciativa es completamente válida desde un punto de vista jurídico.