El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos presentados por los gobiernos de Madrid y Galicia contra el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas. Este impuesto grava el patrimonio neto de las personas físicas que superen los 3 millones de euros. La institución confirmó su decisión inicial de no suspenderlo, a pesar de la segunda petición en este sentido del Ejecutivo andaluz y otra del madrileño.

El gobierno de Andalucía fue el primero en recurrir este impuesto temporal alegando que el Estado estaba invadiendo sus competencias. El 21 de marzo, el Constitucional lo admitió y rechazó la suspensión cautelar en aplicación de su doctrina. Posteriormente, la Junta andaluza presentó un recurso de súplica que ha sido desestimado.

Los magistrados del TC argumentaron que "la denegación de la medida cautelar responde a la manifiesta falta de cobertura legal, en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, de una decisión de suspensión de la eficacia o la ejecución de las leyes estatales".

Además, admitió a trámite los recursos presentados posteriormente contra este mismo impuesto por los gobiernos madrileño y gallego, rechazando igualmente la suspensión cautelar solicitada por el encabezado por Isabel Díaz-Ayuso. Exponen que el nuevo tributo podría vulnerar, entre otros, los principios de seguridad jurídica, capacidad económica y no confiscatoriedad, así como la autonomía política y financiera de las comunidades autónomas.