Este lunes, el Tribunal Supremo ha tomado la decisión de encarcelar de manera provisional al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, debido a su supuesta participación en una trama de corrupción relacionada con el cobro de comisiones a cambio de contratos de obra pública, en el marco del denominado 'caso Koldo'. Las acusaciones que enfrenta incluyen organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.

La resolución fue anunciada por el juez instructor del 'caso Koldo', Leopoldo Puente, tras una declaración de Cerdán que se extendió por aproximadamente una hora. Durante este tiempo, el ex dirigente socialista optó por responder únicamente a su abogado, evitando contestar preguntas tanto del magistrado como del fiscal, lo que ha levantado suspicacias sobre su disposición a colaborar con la justicia.

Según declaraciones de fuentes legales citadas por Europa Press, Cerdán ha rechazado cualquier conexión con los delitos imputados y ha sostenido que no ha recibido pagos al PSOE. También ha denunciado que su situación es resultado de una cacería política, argumentando que es el responsable de muchas de las políticas del actual gobierno progresista.

Durante la vista de medidas cautelares, el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, solicitó que Cerdán permaneciera bajo custodia sin opción de fianza, señalando que él es el supuesto líder de la organización criminal. Esta declaración se apoya en un contexto donde se perciben riesgos tanto de fuga como de posible destrucción de pruebas, lo que ha llevado a la fiscalía a enfatizar la claridad de las pruebas, como mensajes y conversaciones incriminatorias.

El fiscal argumentó que Cerdán utilizó a figuras como José Luis Ábalos y Koldo García para infiltrarse en un gobierno que, en esencia, no le pertenecía, aprovechándose especialmente del ministerio con el mayor presupuesto para obtener beneficios, tanto para sí mismo como para otros a través de presuntas manipulaciones y amaños.

Cabe destacar que la acción de la Fiscalía Anticorrupción en este caso ha sido más contundente que en situaciones anteriores que involucraban al ex ministro de Transportes y a su asesor, para quienes solo se solicitaron medidas menos severas como la prohibición de salir del país y la entrega de pasaporte. En este caso, las acusaciones populares han respaldado la petición del fiscal, indicando una posible escalada en la gravedad de las acusaciones contra Cerdán.