En el ámbito político español, el Grupo Parlamentario Socialista ha introducido una Proposición No de Ley (PNL) que será discutida en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso. Esta propuesta busca que el Gobierno establezca una serie de ayudas económicas destinadas a incentivar la capacitación de profesionales en la industria aérea.

La iniciativa ha sido presentada por los diputados Milena Herrera García y César Joaquín Ramos Esteban, así como por los voceros Javier Alfonso Cendón y Montse Mínguez García. Su propósito es facilitar la obtención de licencias de piloto, especialmente para helicópteros, permitiendo que estos profesionales se especialicen en áreas críticas como la lucha contra incendios forestales, misiones de rescate y transporte médico de emergencias.

Asimismo, la propuesta aboga por la creación de un centro especializado que se dedique a la formación y el entrenamiento de pilotos, que trabajará en colaboración con las administraciones locales y regionales. Este centro no solo brindaría formación inicial, sino también programas de reciclaje y entrenamiento continuo para profesionales ya en activo, garantizando la actualización constante de sus habilidades.

La PNL también sugiere que el nuevo centro imparta formación adicional a otros profesionales que participen en operaciones de emergencias aéreas, como técnicos y personal de mantenimiento. Además, se solicita una revisión de la normativa vigente para unificar criterios sobre seguridad operativa, contribuyendo así a completar el marco legal vigente en este ámbito.

Recientemente, un grupo significativo de trabajadores de helicópteros que se dedican a rescates, emergencias médicas, extinción de incendios y salvamento marítimo, empleados por las compañías Avincis y Pegasus, se manifestaron frente al Congreso. Durante esta protesta, exigieron mejores condiciones laborales y denunciaron la falta de reconocimiento de sus derechos laborales.

Entre sus reclamos se destacó la falta de comunicación sobre su horario de libranza mensual y la no consideración de las horas de formación obligatoria como tiempo efectivo de trabajo. Estas demandas reflejan la creciente preocupación por las condiciones laborales de estos valiosos profesionales que desempeñan un papel crucial en la seguridad pública.