En el marco de un inminente año electoral y con elecciones autonómicas a la vista en diversas comunidades, el PSOE se prepara para entablar un debate crucial sobre la financiación autonómica. Este tema ha generado profundas divisiones internas, particularmente en territorios como Aragón, Castilla y León y Andalucía, donde varias federaciones socialistas han mostrado su disenso ante el nuevo acuerdo propuesto por el Gobierno.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha introducido un nuevo modelo de financiación que ha provocado reacciones adversas dentro del partido. Diversas federaciones consideran que el acuerdo favorece excesivamente al independentismo catalán y que los criterios que representan sus intereses regionales quedan ampliamente subrepresentados.

A pesar de las críticas, desde la sede central del PSOE en Ferraz y algunas federaciones respaldadas por la dirección federal, se esfuerzan por justificar el nuevo modelo, afirmando que este garantizará mayores recursos para todas las comunidades. Este debate se configura como un tema central para las campañas electorales que se avecinan.

En un giro notable, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha sido uno de los vocales más críticos, llegando incluso a solicitar la convocatoria de elecciones generales. Para él, el actual modelo representa un "atropello" que deja en manos de los independentistas la distribución de la riqueza nacional.

Según García Page, Montero intentó "justificar lo injustificable" con argumentos que consideró confusos y desorganizados, especialmente tras el anuncio de un incremento de 20.000 millones de euros destinado a las comunidades. Sin embargo, él duda que dicho aumento realmente beneficie a todas las autonomías por igual.

Por su parte, ERC ha dado su visto bueno al acuerdo gubernamental bajo la condición de que se respete el principio de ordinalidad, es decir, que aquellas comunidades que más aporten también sean las que más reciban. Esta premisa se cumplirá para Cataluña, aunque no está garantizada para comunidades como Madrid, según la información proporcionada por Montero.

Aunque en un tono más moderado, el Principado de Asturias también ha mostrado escepticismo respecto a la nueva financiación. Guillermo Peláez, consejero de Presidencia, ha indicado que aguardarán al Consejo de Política Fiscal y Financiera programado para esta semana antes de formarse una opinión definitiva sobre el acuerdo.

El presidente asturiano, Adrián Barbón, se ha mantenido en silencio por el momento, pero en el pasado ya había dejado claro que espera un acuerdo que no contemple privilegios o discriminaciones, apostando por más recursos para su comunidad.

Desde Castilla y León, el rechazo hacia la nueva propuesta ha sido enfático, describiéndola como "insuficiente e injusta". Carlos Martínez, secretario autonómico del PSOE, ha declarado que aunque la comunidad recibiría un adicional de 271 millones de euros, esta cantidad no se ajusta a las necesidades actuales.

En contraste, la representante del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, ha defendido la nueva financiación, argumentando que su comunidad se beneficiará con una cantidad superior en comparación al sistema anterior. Alegría, que se enfrenta a las elecciones en menos de un mes, ha instado al actual presidente regional, Jorge Azcón (PP), a que explique cómo utilizará esos 630 millones de euros, en lugar de confrontar con el Gobierno de Pedro Sánchez.

De manera similar, María Jesús Montero, quien lidera la implementación de este nuevo modelo y es candidata en Andalucía, también ha salido al paso del debate. Ante los medios, aseguró que el nuevo sistema será más solidario y beneficiará a todas las comunidades por igual.

Finalmente, desde Ferraz han lanzado una campaña para articular la defensa de un modelo que, según sus afirmaciones, inyectará más de 20.000 millones de euros a las comunidades autónomas y además, permitirá reducir las desigualdades entre las regiones en función de los recursos que reciben por habitante. También destacan el incremento de la solidaridad interterritorial, con un trasvase de 3.000 millones entre comunidades más ricas y aquellas con menos recursos, así como un fondo adicional de 1.000 millones destinado a combatir el cambio climático.