El 17 de enero en Madrid, Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, ha solicitado explicaciones al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, por el desaguisado que han originado la implementación apresurada y poco sensata de la Ley de Eficiencia de la Justicia.

En un comunicado, la líder del PP ha criticado al Gobierno por "desmantelar" el sistema judicial y ha advertido sobre las "serias consecuencias" que, a su juicio, está ocasionando la "imposición" del cronograma de aplicación de dicha normativa.

Por esta razón, el Partido Popular exige la comparecencia de Bolaños en el parlamento, para que rinda cuentas por el "desconcertante" estado que ha causado el nuevo esquema organizativo de los tribunales y para que presente soluciones para esta problemática.

Gamarra señaló que esta crisis se origina a raíz de que, en 2025, está programada, por ley, la finalización de la tercera fase de implementación de los tribunales de instancia, todo ello bajo un "calendario impuesto" que ha demostrado ser "poco viable", resultando en tribunales "atascados" y envueltos en "desconcierto y colapso".

La dirigente 'popular' expresó su preocupación, afirmando que "el Gobierno busca una imagen para el 1 de enero de 2026, sin importarles si la Justicia funciona correctamente", acusando al ministro de intentar "reestructurar" el sistema judicial sin consultar a los profesionales que lo operan diariamente.

En este marco, Gamarra ha exigido que se implementen medidas urgentes para solucionar los problemas causados por la nueva legislación: "Esto no representa una mayor eficiencia, sino el desmantelamiento del sistema sin plan de contingencia", lamentó.

Desde hace meses, el PP ha denunciado la creciente inseguridad jurídica, el estancamiento de la Justicia y los conflictos entre los operadores judiciales, además de la confusión en la interpretación de una ley que, en su criterio, está contribuyendo a los problemas en el ámbito legal.

En este sentido, los miembros del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo han enfatizado que los retrasos judiciales están "vulnerando los derechos de los ciudadanos" y han generado situaciones absurdas en el manejo de casos de custodia, separación y asignación de tareas en los juzgados.

Para Gamarra, la Ley de Eficiencia Judicial se suma a la lista de "fracasos legislativos" del Gobierno, insistiendo en que es preciso "eliminar obstáculos" y potenciar los recursos del sector para erradicar cualquier indicio de "inseguridad jurídica".

Finalmente, Gamarra destacó que, en el ámbito de la violencia de género, la 'Ley Bolaños' se traduce en un efecto disuasorio para las víctimas al momento de presentar denuncias, puesto que muchas mujeres se ven forzadas a recorrer más de 80 kilómetros para poder declarar en contra de su agresor.