Crónica España.

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El Polisario rechaza acuerdos UE-Marruecos que afecten al territorio saharaui.

El Polisario rechaza acuerdos UE-Marruecos que afecten al territorio saharaui.

MADRID, 17 Jul.

El Frente Polisario ha reafirmado su rechazo a los acuerdos entre la Unión Europea y Marruecos que afecten al territorio del Sáhara Occidental. Según este grupo de tendencia separatista, el acuerdo pesquero ha sido una violación flagrante de los derechos del pueblo saharaui y de su autodeterminación, como ha declarado ilegalmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El representante del Frente Polisario para la Unión Europea, Omar Mansour, ha añadido que el acuerdo ha permitido el saqueo de las costas del Sáhara Occidental sin el consentimiento del pueblo saharaui y de sus autoridades, violando así las normas jurídicas. Además, ha afirmado que ha habido una instalación de colonos marroquíes en los territorios saharahuis, obligando a la población local al desempleo, la delincuencia o la migración.

Sin embargo, Mansour ha aclarado que el Frente Polisario no se opone a cualquier acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos, siempre y cuando no afecte a los territorios saharahuis. También ha manifestado la disposición del Polisario a llegar a acuerdos con Bruselas en materia de pesca.

Por su parte, la Comisión Europea ha confirmado que la flota europea, en su mayoría española, deberá abandonar los caladeros marroquíes a partir de la medianoche del 17 de julio, en espera de la decisión de la justicia europea sobre la legalidad del acuerdo. Además, ha señalado que actualmente no hay negociaciones entre ambas partes para prorrogar el convenio.

El acuerdo actual entre la UE y Marruecos entró en vigor en julio de 2019, permitiendo la reanudación de la pesca por parte de la flota comunitaria. Sin embargo, en noviembre de 2021, el Tribunal General de la UE anuló la decisión del Consejo sobre el acuerdo pesquero, aunque mantuvo sus efectos hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre los recursos presentados por el Consejo y la Comisión. Se espera que la decisión del TJUE se tome a principios de 2024, suspendiendo así la actividad de la flota hasta entonces.