El caso de las acusaciones de espionaje a la formación política Podemos cobra un nuevo impulso en la Audiencia Nacional. El juez Santiago Pedraz ha decidido citar para comparecer en calidad de investigado al inspector de la Policía Nacional, Bonifacio Díaz, en un proceso que ha generado gran controversia.

Además, se ha programado una declaración para este jueves de otro agente policial que realizó indagaciones sobre Pablo Iglesias, exlíder del partido, tras recibir información sobre una supuesta implicación de Miguel Urbán, un antiguo dirigente del mismo, en una operación de narcotráfico.

Este movimiento judicial se enmarca en una investigación que busca esclarecer si se realizaron pesquisas no autorizadas contra varios miembros de Podemos, acciones que, de ser comprobadas, podrían afectar gravemente la integridad de las instituciones del Estado.

La citación del inspector de Policía responde a una solicitud formulada por Podemos, que ha contado con el respaldo de la Fiscalía tras haberlo escuchado previamente en calidad de testigo. Asimismo, el otro agente también ha sido convocado para determinar la legitimidad de las informaciones solicitadas respecto a Iglesias, en relación con la investigación de Urbán.

El magistrado ha admitido la querella presentada por Podemos, que incluye acusaciones por organización criminal, violación de secretos, prevaricación y falsedad documental, aunque desestimó las acusaciones de malversación y delitos contra las instituciones estatales, considerándolas no aplicables a los hechos expuestos.

Podemos argumenta que las acciones de los demandados, supuestamente dirigidas por el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, consistían en realizar investigaciones sin base legal ni supervisión judicial, afectando a figuras clave dentro de su organización.

Según el relato de la querella, Martínez informaba regularmente al entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, utilizando su posición para colaborar con agentes policiales con el fin de desacreditar a Podemos ante la opinión pública, poniendo en riesgo la integridad de sus representantes y funcionarios.

La denuncia también señala que esta supuesta estrategia de desprestigio se llevó a cabo a través de varias actuaciones, que incluyen la investigación del informe PISA sobre Pablo Iglesias, la divulgación de documentos falsificados relacionados con cuentas del exlíder en el Euro Pacific Bank Limited, y manipulación de registros policiales, todo ello para dar una apariencia de legalidad a la operación orquestada por los querellados.