El juez Joaquín Aguirre, del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, ha solicitado al Tribunal Supremo (TS) investigar a los ex presidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Artur Mas por su presunta implicación en la llamada trama rusa del 'procés', abriendo así una nueva pieza separada.

En el auto consultado por Europa Press, se señala que se investigan los delitos de traición y malversación de fondos públicos en relación con posibles conexiones de líderes independentistas catalanes con autoridades rusas, especialmente después del referéndum del 1-O.

En este momento, un total de 11 personas, incluyendo a figuras como el jefe de gabinete de Puigdemont, Josep Lluís Alay, y su abogado Gonzalo Boye, el diputado Francesc de Dalmases, la ex consellera Elsa Artadi y el responsable de relaciones internacionales de Convergència en ese momento, Víctor Terradellas, están siendo investigadas.

El objetivo principal de la investigación es esclarecer una conversación en la que se mencionaba la presencia de "10,000 soldados rusos" para apoyar la independencia de Cataluña.

Además, se busca indagar sobre posibles conexiones entre el gobierno ruso y Puigdemont, así como las actividades realizadas por él y sus colaboradores que podrían haber facilitado la infiltración de personas de origen ruso en España con la intención de influir en las estructuras financieras y llevar a cabo actividades de desinformación y desestabilización.

El auto también destaca que diferentes países de la Unión Europea se distanciaron del movimiento independentista catalán al percibir una coincidencia de intereses con Rusia, lo que dio lugar a que el 'procés' se convirtiera en un escenario propicio para ambos.

En este sentido, se señala que para Rusia, el independentismo catalán representaba una herramienta estratégica que podría haber sido utilizada para avanzar en sus objetivos geopolíticos contra Occidente, incluso en caso de fracaso, al representar una notable desestabilización en un país miembro de la OTAN.

Por otro lado, se plantea la posibilidad de que, de haber tenido éxito, el 'procés' hubiera abierto una "puerta trasera" que Rusia podría haber utilizado para desestabilizar toda la Unión Europea, tanto políticamente como económicamente, a través de criptomonedas fraudulentas, según el juez.