En respuesta a las acusaciones de Amnistía Internacional sobre las recientes masacres en la costa siria, el Gobierno de Siria ha emitido un comunicado defendiendo su posición y contextualizando los hechos de violencia que tuvieron lugar el mes pasado. Según las autoridades, la escalada de violencia fue provocada por un "ataque traicionero" por parte de militantes leales al depuesto presidente Bashar al Assad, lo que generó una cadena de caos y reacciones de venganza en un contexto de vacío de autoridad.

Amnistía Internacional había solicitado una investigación sobre estos incidentes, que habrían resultado en la muerte de más de mil civiles, en su mayoría de la comunidad alauí, a la que pertenecía al Assad. La organización considera que estos actos constituyen crímenes de guerra al ser “homicidios deliberados” dirigidos específicamente contra esta población.

En su respuesta, el gobierno sirio, liderado en la actualidad por Ahmed al Shara, ex líder yihadista, ha hecho hincapié en la creación de una Comisión Nacional Independiente de Investigación y Determinación de los Hechos. Esta comisión, que ya está operativa, se encargará de evaluar la situación y presentará un informe en un plazo de un mes, según manifestó el Ejecutivo.

Las autoridades sirias sostienen que los episodios de violencia en la región costera comenzaron como resultado de un ataque planificado por los partidarios armados de Al Assad. Aseguran que, tras este ataque, la situación de seguridad se deterioró debido a pérdidas significativas en las filas de las fuerzas del Estado, lo que provocó un periodo de desorden y represalias.

Asimismo, el Gobierno ha criticado ciertos informes de derechos humanos por, según ellos, no considerar adecuadamente el contexto en el que ocurrieron los hechos, lo que podría influir en las conclusiones alcanzadas. Esta observación fue divulgada a través de un comunicado oficial de la agencia de noticias estatal SANA.

En los próximos días, el comité investigará los centros de detención donde podrían hallarse individuos implicados o sospechosos de estarlo en relación con las masacres, lo que representa el siguiente paso en el intento del gobierno por esclarecer los acontecimientos recientes.