En una reciente declaración, el Gobierno español ha confirmado su compromiso para recibir esta semana a 567 menores migrantes no acompañados que han solicitado asilo. Esta decisión llega tras un pronunciamiento del Tribunal Supremo, que exige al Ejecutivo cumplir con sus obligaciones en relación a este grupo vulnerable.

La noticia fue difundida por fuentes de la Secretaría de Estado de Migraciones, después de una reunión semanal del comité interadministrativo entre las autoridades de España y Canarias, donde se abordó el proceso de traslado de estos menores a la península.

Estos traslados responden a un auto emitido por el Tribunal Supremo en marzo, que instó al Gobierno a asumir la responsabilidad de cerca de 1.000 niños migrantes no acompañados solicitantes de asilo. Recientemente, el alto tribunal otorgó al Ejecutivo un nuevo plazo de 15 días para llevar a cabo dichas acciones.

En un video-comunicado, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, anunció que se ha enviado un oficio al Gobierno de Canarias, solicitando la movilización de 100 menores hacia el centro de derivación de Canarias 50. Esto es parte de un plan más amplio que busca garantizar la protección y el bienestar de estos jóvenes que han llegado a España en busca de refugio.

Cancela añadió que, tras estos traslados, aún quedará pendiente la integración de 269 menores al sistema de acogida y protección internacional. Reiteró la confianza en que se cumplirán los plazos establecidos por el Tribunal Supremo, gracias a un trabajo coordinado entre las dos administraciones involucradas.

La secretaria también abordó las críticas recientes dirigidas a Canarias, donde se argumentó que la falta de expedientes había dificultado el traslado de los menores. "Afortunadamente, esa dinámica ha vuelto a normalizarse", afirmó, subrayando la importancia de que cada parte cumpla con sus responsabilidades.

Además, Cancela hizo hincapié en la necesidad de que el Gobierno de Canarias envíe la documentación necesaria para el cambio de custodia de aquellos menores que ya se encuentran en la península. La falta de este trámite está causando serios inconvenientes tanto a las entidades que se ocupan de su acogida como a los propios menores, quienes se encuentran en una situación vulnerable.