El Gobierno de España ha anunciado su intención de iniciar, antes de finalizar el año, la tramitación de una modificación al Real Decreto que actualmente regula el informe de compatibilidad y establece criterios para la compatibilidad con las estrategias marinas. Este desarrollo forma parte del compromiso del Ejecutivo con una serie de proyectos de Real Decreto pertenecientes al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), los cuales se encuentran incluidos en el Plan Anual Normativo 2025.

La respuesta del Gobierno a las inquietudes planteadas por el Partido Popular (PP) acerca de los proyectos de ley pendientes ha revelado que las estrategias marinas son clave para la planificación en las cinco demarcaciones marítimas que regula la ley española. Cualquier actividad que implique la realización de obras o instalaciones en aguas marinas o su lecho requiere una autorización de MITECO junto con el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación.

El objetivo de la modificación mencionada es la inclusión de los objetivos ambientales del tercer ciclo dentro de los criterios de compatibilidad con estas estrategias marinas. Además, el Gobierno reafirma su compromiso con la modificación del Real Decreto que regula el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que actualmente se encuentra en la fase de recopilación y unificación de datos de los organismos competentes.

El Ejecutivo también ha manifestado su firme intención de aprobar un nuevo Real Decreto que establecerá un segundo plan de gestión para las 24 Zonas Especiales de Conservación (ZEC) en las áreas macaronésicas, y se prevé la expansión de tres de esas zonas. Asimismo, se preparan medidas para mitigar las capturas accidentales de cetáceos, tortugas y aves marinas en el ámbito de la actividad pesquera.

En cuanto al mecanismo de ajuste en frontera por carbono, el Gobierno ha señalado que este futuro decreto está vinculado a una serie de normativas relevantes de la Unión Europea, con las que debe mantener plena coherencia. No obstante, el Ejecutivo también ha reconocido que la tramitación de dicha normativa ha sido complicada debido a recientes modificaciones en el reglamento europeo relacionado, lo que ha resultado en la demora de la aprobación de varios actos delegados y de ejecución por parte de la Comisión Europea.

Para el Gobierno, solo cuando se complete el marco europeo en esta materia se podrá adecuar el Real Decreto correspondiente, garantizando así que se mantenga la coherencia legal necesaria. Además, se ha informado que la modificación del Real Decreto que regula el trasvase por el acueducto Tajo-Segura ha sido impactada por una sentencia del Tribunal Supremo, lo que requiere la definición adecuada de las actuaciones administrativas necesarias para su cumplimiento.

En una respuesta similar, el Gobierno ha manifestado que incluirá la modificación de la Ley que declara el Parque Nacional de Monfragüe en una disposición adicional del anteproyecto de Ley para el Parque Nacional marítimo del Mar de las Calmas, actualmente en proceso de tramitación. Esta modificación busca adaptar parte del texto legal a las previsiones de la Ley de Parques Nacionales, especialmente en lo que respecta a actividades que no son compatibles con el régimen de los parques nacionales, en particular en relación a la caza y el control de poblaciones.

El Gobierno ha subrayado que el Plan Anual Normativo presenta una serie de iniciativas que los diferentes ministerios prevén presentar al Consejo de Ministros, aunque reconoce que estas previsiones pueden alterarse por diversas circunstancias políticas, económicas o sociales. La reciente aprobación de este plan, junto con el Informe Anual de Evaluación Normativa, resalta el compromiso del Gobierno con una regulación eficaz y un modelo de Gobierno Abierto que prioriza la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública.

La respuesta del Gobierno ha sido en respuesta a las críticas del Partido Popular, que ha calificado la planificación normativa del Ejecutivo como "deficiente", señalando que de los 24 Reales Decretos proyectados en el ámbito de Transición Ecológica, diez no cuentan ni siquiera con un borrador. Entre las normativas mencionadas por los 'populares' está la que regula la eficiencia energética en el sector público y la que modifica el Real Decreto para ajustar la Directiva europea relativa a auditorías energéticas y acreditación de proveedores.

Finalmente, también han mencionado el Real Decreto que regula el procedimiento para autorizar instalaciones de energía eléctrica y un tercer decreto relacionado con la protección de la salud ante los riesgos de la exposición a radiaciones ionizantes. Estos temas reflejan la complejidad del desafío regulatorio al que se enfrenta el Gobierno en su labor de implantación de políticas medioambientales.