En Madrid, el 11 de julio, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha planeado convocar una Conferencia Sectorial de Medioambiente para el próximo 18 de julio, de acuerdo con información proporcionada por fuentes autonómicas. En esta reunión, se prevé discutir y aprobar los informes sexenales que el Gobierno español debe enviar a Bruselas antes de finalizar el mes, incluyéndose el informe sobre la población de lobos.

Según lo declarado por fuentes de la cartera de Transición Ecológica a Europa Press, en el evento se hará mención a las comunidades autónomas que no lleguen a un acuerdo sobre el censo, lo que llevaría al Gobierno a presentar el informe sexenal en Bruselas con una nota explicativa sobre la disconformidad de algunas regiones.

Inicialmente, el análisis del censo del lobo iba a realizarse en una Comisión Sectorial de Medioambiente a finales de junio. Sin embargo, las comunidades gobernadas por el Partido Popular solicitaron una nueva reunión, argumentando que no habían recibido información adecuada previamente, una acusación que fue rechazada por el Ministerio de Transición Ecológica.

Los representantes del PP criticaron esta Comisión, que reúne a directores generales, por mantener un ambiente "bronco y despectivo", lleno de faltas de respeto. Como resultado, diferentes comunidades hicieron llegar una carta a la ministra Sara Aagesen, pidiendo la destitución del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, debido a su comportamiento durante la reunión.

Previo a la reunión, el Ministerio de Transición Ecológica comunicó a la prensa que el censo del lobo había identificado 333 manadas, lo que supone un incremento del 12% respecto a la cifra anterior, con una población total estimada entre 1.600 y 1.700 individuos. A partir de estos resultados, señalaron que la especie se encuentra en un estado "desfavorable" en el país, lo que prohíbe la realización de "controles letales", de acuerdo a un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2024.

Durante la Comisión, varias autonomías destacaron la "profunda deslealtad institucional" que representaría la publicación de un documento del Estado que no solo carecía de la aprobación del órgano competente, la Conferencia Sectorial, sino que también fue desconocido por los representantes de cada comunidad, de acuerdo con el Partido Popular.

Ante estas acusaciones, la ministra Aagesen respondió por carta asegurando que su departamento "actúa siempre de buena fe y con respeto institucional", y expresó su esperanza de que la próxima reunión se desarrolle en un clima de "diálogo constructivo y cooperación entre las administraciones".

Además, Aagesen subrayó que el informe sexenal sobre el lobo para el periodo 2019-2024 no había sido divulgado públicamente hasta la fecha, e indicó que este documento fue enviado a las comunidades autónomas el 26 de junio, justo un día antes de la citada reunión sectorial.

Mientras tanto, se ha dado a conocer que el Defensor del Pueblo ha presentado un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en relación a las disposiciones de la Ley 1/2025 de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, la cual, en la práctica, facilita la reanudación de la caza del lobo en España.