En un reciente debate en el Congreso de España, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, expresó su respaldo a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por más de 600.000 ciudadanos. Esta propuesta, que busca la regularización extraordinaria de medio millón de migrantes, cuenta con el apoyo de organizaciones reconocidas, incluyendo Cáritas y la Conferencia Episcopal Española, lo que, según Gabilondo, subraya su legitimidad y su valor social.

Durante su intervención en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, Gabilondo abordó las preocupaciones acerca de la inseguridad que sienten muchos españoles en relación con la inmigración ilegal. Esta comparecencia fue solicitada por el partido Vox, a raíz de la creciente inquietud social en torno a este tema en el contexto de 2023 y lo que va de 2024.

El Defensor destacó la ILP pro migrantes, enfatizando que había sido promovida por un amplio sector de la población y distintas entidades sociales. A su juicio, la tramitación de esta propuesta como ley es crucial y quedó en manos de los legisladores decidir su futuro, sugiriendo que es fundamental seguir una línea de trabajo coherente en esta materia.

Gabilondo también señaló que el sistema de solicitudes de protección internacional se encuentra en una situación crítica, casi al borde del colapso. Propuso que cualquier proceso de regularización debe ir acompañado de un estudio que detecte fallos en el sistema vigente y que se implementen reformas legales en colaboración con administraciones locales y regionales. Insistió en que muchas personas no optan por ser migrantes irregulares, sino que se ven forzadas a ello.

Ante la inquietud manifestada por Vox acerca de la posibilidad de un referéndum sobre la política migratoria del Ejecutivo, el Defensor del Pueblo comentó que no es apropiado que él cavile sobre la convocatoria de tal consulta. Recordó que el artículo 92 de la Constitución establece que el Rey, a propuesta del presidente del Gobierno y con autorización del Congreso, es quien tiene la autoridad para convocar un referéndum.

Gabilondo concluyó su intervención subrayando que no es su papel incitar a los líderes políticos a que promuevan un referéndum. Aseguró que el proceso está claro y debería ser considerado por aquellos que tienen la responsabilidad política de hacerlo, dejando así el tema abierto al debate en el ámbito gubernamental.