El Congreso de Perú ha decidido desafiar la orden judicial de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y continuará con la investigación parlamentaria que busca destituir a los miembros de la JNJ. La sesión que se llevará a cabo este miércoles elaborará un informe sobre el caso en cuestión.

La Junta de Portavoces, reunida en la Sala Grau del Congreso de la República, ha acordado continuar con la sesión plenaria convocada para el 8 de noviembre para abordar el caso de la JNJ, según anunció el propio Congreso a través de su cuenta de la red social X (anteriormente conocida como Twitter).

Mientras tanto, el pleno de la JNJ ha emitido una medida cautelar para suspender de manera provisional los efectos de los cargos imputados por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso contra varios de sus miembros, y ha instado a que se acate la resolución.

No obstante, el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, ha expresado su rechazo a esta decisión, afirmando que "el equilibrio de poderes y la rendición de cuentas son pilares fundamentales para la democracia".

El Congreso desea examinar la labor de los siete integrantes de la JNJ, cuyas responsabilidades incluyen la designación de jueces y fiscales y se han puesto en duda algunas de sus acciones recientes.

En el caso de la JNJ, la Constitución peruana permite la destitución de sus miembros en caso de existir una "causa grave", sin especificar qué se considera una causa grave. Un informe de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos concluyó a mediados de octubre que no había fundamentos para tomar ninguna medida, pero horas después se emitió un segundo informe que sí mencionaba tres posibles causales: la defensa de la exfiscal general Zoraida Ávalos, la permanencia de miembros mayores de 75 años y la falta de presentación de los balances anuales de los últimos dos años.

Por su parte, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, expresó su "preocupación" a mediados de septiembre por esta investigación, ya que podría afectar la independencia judicial y la separación de poderes en el país sudamericano.

Además, organizaciones como Human Rights Watch (HRW) han instado al Congreso a no destituir a los miembros de la JNJ, argumentando que se trata de una institución clave para garantizar la independencia del sistema judicial, y que atacarla "por intereses políticos" solo "amenazaría los pilares del sistema democrático peruano y la protección de los Derechos Humanos".