El partido Vox ha dejado claro su voto en contra del decreto ley conocido como 'ómnibus', a pesar de que el Gobierno cuenta con el respaldo asegurado de los partidos PNV, Bildu, Podemos y BNG, lo que refuerza su postura ante el Congreso.

MADRID, 21 de enero. Este miércoles se llevará a cabo en el Pleno del Congreso de los Diputados el debate y la votación del mencionado decreto ley 'ómnibus', que abarca una serie de importantes medidas, entre las que se incluye la revalorización de las pensiones, la prórroga de las ayudas al transporte público y la prohibición de cortes en los suministros básicos a ciudadanos en situaciones de vulnerabilidad. El PP y Junts están en una posición decisiva, reservándose el voto hasta el último momento.

El decreto en cuestión contiene un extenso conjunto de medidas económicas y tributarias que fueron aprobadas en el último Consejo de Ministros de 2024. A pesar de que muchas de estas medidas ya han entrado en vigor desde el 23 de diciembre, es imperativo que el Congreso se pronuncie sobre su convalidación o derogación en un plazo no superior a treinta días desde su promulgación, tal y como establece la norma constitucional.

Desde el Partido Popular, se han mostrado particularmente críticos hacia el Gobierno por incluir una disposición que otorga al PNV la propiedad del edificio donde se encuentra la sede del Instituto Cervantes en París. Sin embargo, han optado por reservar su decisión sobre el voto, sin especificar si se manifestarán en contra, se abstendrán o brindarán su apoyo.

Junts, que recientemente ha terminado su diálogo con el PSOE al no poder llevar a cabo una iniciativa que obligara a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza, también mantiene su voto en suspenso.

El texto del decreto especifica que las pensiones contributivas y las clases pasivas del Estado incrementarán un 2,8% en 2025, mientras que las pensiones mínimas experimentarán un aumento cercano al 6%, y las pensiones no contributivas, junto con el ingreso mínimo vital (IMV), se revalorizarán en un 9%.

No obstante, una de las críticas más severas al decreto proviene de la falta de inclusión del IVA reducido para la electricidad, que volverá a establecerse en un 21% de forma permanente, lo que ha generado el descontento dentro del PP.

El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo ha expresado su desacuerdo también por la disposición que permite al PNV adquirir la propiedad del edificio que alberga el Instituto Cervantes en París, entre otros inmuebles. El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha afirmado: “El PNV se ha convertido en el partido ‘aprovechategui’ de nuestro país, buscando sacar provecho de la debilidad de Sánchez”. Sin embargo, el PP no ha aclarado su posición respecto al decreto en votación. Por el contrario, Vox sí ha declarado su intención de votar en contra, calificando al decreto de “estafa” y “chantaje”.

En respuesta a las críticas de PP y Vox, el PNV defiende que no se trata de una cesión, sino de una devolución que fue un compromiso del ex presidente Mariano Rajoy, el cual fue asumido posteriormente por Sánchez. Los partidos Podemos, Bildu y BNG, por su parte, han adelantado su intención de apoyar el texto en cuestión.

Aparte de los temas controversiales, el decreto también presenta medidas significativas en términos de política tributaria, como el aumento de los rendimientos íntegros del trabajo procedentes de otros pagadores, que ascenderá de 1.500 a 2.500 euros, obligando así a la presentación de la declaración de la Renta.

Además, se extenderá la deducción del 15% en el IRPF por la adquisición de vehículos eléctricos hasta el 31 de diciembre de 2025, y se prorrogará el Plan Moves III para la compra de coches eléctricos hasta el 30 de junio de dicho año.

Finalmente, entre las medidas destacadas también figura la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2025 de las deducciones en el IRPF por obras de mejora energética en viviendas. Esto incluye la extensión de la deducción del 20% por actuaciones que reduzcan un 7% la demanda de calefacción y refrigeración en residencias, así como un 40% por actividades que disminuyan en un 30% el consumo de energía primaria no renovable, o que mantengan el nivel de calificación energética en letras 'A' o 'B' para viviendas residenciales.