MADRID, 11 de diciembre.

Este jueves, el Pleno del Congreso ha aprobado la consideración de un nuevo Proyecto de Ley que busca reformar la legislación vigente en materia de derechos de las personas con discapacidad y la atención a aquellas en situación de dependencia. Este impulso viene de la mano del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que ha superado el intento de Junts de frenar el avance legislativo mediante una enmienda que proponía devolver el texto al Ejecutivo.

En la votación, todos los grupos parlamentarios se han manifestado en contra de la enmienda de Junts, con la excepción del Partido Popular y Vox, que optaron por abstenerse. El PNV había presentado también una enmienda similar, pero decidió retirarla tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno en la mañana del mismo día.

Durante su intervención, el ministro encargado de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, defendió que la reforma representa una legislación construida con la colaboración de diversas organizaciones sociales que reivindican los derechos de estos colectivos. En su discurso, Bustinduy hizo un agradecimiento especial a aquellas asociaciones que asistieron al debate, destacando la importancia de su papel en este proceso.

El Gobierno ha manifestado que esta reforma es esencial para cumplir con el renovado artículo 49 de la Constitución, que aborda la atención a la dependencia. Bustinduy enfatizó la necesidad de lograr un consenso político, subrayando que "envejecer es un logro democrático", no un obstáculo.

El proyecto legislativo asegura que tendrá el financiamiento necesario para su implementación y desarrollo. Bustinduy se comprometió a que se destinará un 50% de la financiación para la dependencia proveniente de la Administración General del Estado, lo que permitiría que estos servicios mejoren considerablemente.

Entre los principales cambios propuestos en la ley se incluye la expansión de servicios y prestaciones en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), así como la eliminación de un régimen de incompatibilidades instaurado en 2012. También se eliminará el plazo de dos años que impedía acceder a ciertas prestaciones económicas para el cuidado en el seno familiar.

Además, la normativa hará de la teleasistencia un derecho, ampliará la ayuda a domicilio y facilitará la conciliación entre el empleo y la percepción de servicios de dependencia, al tiempo que se reducirán los trámites burocráticos relacionados con la gestión de la dependencia y discapacidad.

Sin embargo, durante el debate, el diputado de Junts, Josep Maria Cruset, argumentó que esta iniciativa constituye una intromisión en competencias y aseguró que más de 100.000 ciudadanos en Cataluña han fallecido en listas de espera por una gestión ineficaz del sistema de dependencia.

Desde el PP, el diputado Enrique Belda advirtió que la falta de recursos limitará el desarrollo real de los derechos, criticando la premura del Gobierno en aprobar este proyecto. Solicitó una revisión del proceso legislativo para garantizar un enfoque más pausado y reflexivo.

El diputado del PSOE, Emilio Saez, defendió que el nuevo proyecto se logró a través del consenso y negó que se pisoteen competencias autonómicas, aunque reconoció que también se requieren más fondos para su correcta ejecución.

Por su parte, la diputada de Vox, Rocío De Meer, rechazó la enmienda de Junts y condenó su postura, catalogándola como egoísta y un ataque a la identidad colectiva. Al mismo tiempo, advirtió que la reforma gubernamental no solucionará la realidad de quienes cuidan de personas dependientes, a quienes describió como desamparados.

En apoyo al proyecto, Lander Martínez, de Sumar, elogió el esfuerzo del Ministerio en crear una norma que respeta las competencias respectivas, afirmando que no deberían existir divisiones ni bloqueos en este ámbito.

El diputado de ERC, Jordi Salvador i Duch, fue crítico con las promesas de mejora que presenta la ley, advirtiendo que estas carecen de un presupuesto claro. También expresó su preocupación de que, al final, sean los ciudadanos quienes asuman los costos de la implementación de la propuesta.

En un giro positivo, la diputada del PNV, Maribel Vaquero, comentó que su grupo había decidido retirar su enmienda tras establecer un acuerdo con el Gobierno, aunque enfatizó que siguen creyendo que la ley no respeta adecuadamente las competencias autonómicas.

La diputada de Podemos, Noemí Santana, concluyó afirmando que, aunque su grupo no coincide al 100% con el texto, es apremiante actuar para favorecer a las personas que dependen de estos servicios, recordando que fue la ministra Ione Belarra quien revirtió recortes de administraciones anteriores.